Andalucía exige al Gobierno "ya" una propuesta en financiación que garantice la equidad y recursos

Andalucía ha enviado este viernes una valoración sobre el informe del comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha enviado este viernes una valoración del informe elaborado por la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, al tiempo que ha exigido al Gobierno central "poner ya sobre la mesa" una propuesta para la financiación que garantice la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidades.

El documento, que consta de 28 folios y que ha sido remitido este viernes al comité técnico permanente de evaluación, un grupo trabajo creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "no es una propuesta sobre el nuevo modelo de financiación ya que es al Gobierno de Rajoy y al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, a los que les toca poner ya sobre la mesa, de manera urgente, una propuesta concreta para empezar a discutir el nuevo modelo de financiación", ha advertido la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta en un comunicado.

El Gobierno andaluz ha valorado el esfuerzo realizado por el grupo de expertos. Sin embargo, ha indicado que las conclusiones son un documento "abierto y una reflexión global" que, "en ningún caso, sustituye a la propuesta que debe hacer el Gobierno central para empezar a negociar sobre números y proyecciones concretas".

Además, el departamento que dirige María Jesús Montero ha señalado que el informe de los expertos pone de manifiesto que el debate afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos y que el reparto provoca "diferencias injustificadas" entre las comunidades, por lo que hay que "ajustar mejor la población, para que la población de referencia se aproxime más a la población de derecho, y que no haya ciudadanos que en la práctica no cuenten para el sistema".

A juicio del Gobierno andaluz, "no se trata de pedir más, sino de participar en mayor medida de lo que se recauda a los ciudadanos con sus impuestos, y que prioritariamente prefieren que se financie la sanidad, la educación o la dependencia, las prestaciones por desempleo o las pensiones".

El nuevo sistema debe garantizar la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidades, según la Junta, para quien es "importante definir qué modelo de sociedad queremos y qué servicios queremos que nos respalden y atiendan, y destinar los recursos suficientes para poder vertebrarlos y blindarlos, con seguridad, calidad y respaldo social".

Andalucía, según ha expuesto en el comunicado la Consejería de Hacienda, demanda que el nuevo sistema tenga recursos "suficientes", porque no se puede hablar de criterios de reparto si no hay unos recursos mínimos para financiar las competencias transferidas. Además, ha apuntado que el modelo "tiene que financiar en igualdad de condiciones todas las competencias transferidas y no sólo los servicios públicos básicos".

Para la Junta, las necesidades de los ciudadanos deben estar en el centro del debate, por encima de capacidades fiscales o de territorios y ha alertado de que "cuestionar la necesidad de incorporar recursos adicionales es cuestionar el Estado del Bienestar, la educación, la sanidad o la dependencia".

"DIFERENCIAS INJUSTIFICADAS ENTRE COMUNIDADES"

"Lo importante en el debate sobre el nuevo modelo de financiación es corregir la actual insuficiencia de recursos que está provocando tensiones territoriales y tensiones políticas, así como evitar las diferencias injustificadas entre comunidades", ha subrayado la Consejería de Hacienda andaluza.

Andalucía, según ha recordado la Junta, ha dejado de recibir con la aplicación del modelo vigente 5.522 millones de euros y entre las comunidades mejor y peor financiadas existe una diferencia absolutamente injustificada de cerca de 800 euros por habitante. El efecto de esta infrafinanciación es que Andalucía ha perdido casi cuatro puntos del PIB y casi 200.000 andaluces se quedan fuera del modelo.