Junta expresa su rechazo a las dos proposiciones de ley de PP-A sobre modificaciones en impuesto de sucesiones

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar su criterio contrario respecto a la toma en consideración de sendas proposiciones de ley presentadas de forma consecutiva por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz para la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

A juicio del Ejecutivo, ambas contienen reformas incompatibles entre sí y suponen la práctica supresión del tributo en los principales grupos de parentesco.

Además, al referirlas a partir de 2018 parar evitar el veto del Gobierno andaluz por razones presupuestarias, sus previsiones de disminución de ingresos "carecen de todo rigor en un momento en que aún no se conocen ni las entregas a cuenta para el próximo año ni la liquidación de 2015", al tiempo que tampoco señalan dónde se debería producir la consiguiente disminución del gasto.

La primera de las proposiciones pretende, entre otros objetivos, que desde enero de 2018 se establezca una reducción general de 250.000 euros en las herencias entre padres e hijos y otra en relación con la donación de vivienda habitual entre ellos. La segunda, con efectos desde la misma fecha, reclama una bonificación de la cuota tributaria del 99 por ciento, lo que supondría la práctica supresión del impuesto (frente a la desaparición gradual que conllevaría la primera).

El Gobierno andaluz recuerda que, dentro de sus competencias normativas, legisla en materia tributaria persiguiendo la mayor progresividad y favoreciendo a las rentas medias y trabajadoras sin poner en riesgo la prestación de servicios públicos fundamentales. En este objetivo se enmarca la reforma que comenzó a aplicarse en enero para incrementar la reducción autonómica en herencias recibidas de parientes directos, al pasar el mínimo exento desde los 175.000 euros anteriores a los 250.000. También, con el fin de paliar el "error de salto" se ha creado otra de 200.000 euros para herencias de entre 250.000 y 350.000 euros, así como una del 99 por ciento en herencias o donaciones de explotaciones agrarias para facilitar el relevo generacional en este sector clave de la economía regional.

El Ejecutivo también reitera su reclamación, planteada en la última Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, de que no haya diferencia en las obligaciones fiscales entre ciudadanos de distintas regiones. Para ello propone una armonización del tributo similar a la que ya existe en el IRPF, teniendo en cuenta su vinculación con el sistema de financiación autonómica.

Por otro lado, el Ejecutivo andaluz recuerda que la eliminación del ISD o la bonificación del 99 por ciernto es contraria a las conclusiones provisionales que se han conocido de la Comisión de Expertos constituida el pasado mes de febrero para la revisión del sistema de financiación autonómica. En ellas se rechaza la supresión y se aboga por la modificación y regulación.

Finalmente, se subraya que si el Gobierno de España quiere eliminar este impuesto de titularidad estatal, como propone para Andalucía el partido que lo sustenta, puede hacerlo de inmediato dada su condición de coordinador de la política fiscal. En tal caso, y como ya ocurrió con la desaparición del Impuesto de Depósitos Bancarios, estará obligado a compensar la pérdida de recaudación a las comunidades autónomas, según la Junta.

Con el criterio acordado hoy, son ya cuatro las veces que el Consejo se pronuncia acerca de proposiciones de ley del Grupo Popular sobre el ISD en lo que va de legislatura. El Gobierno andaluz señala que, como en ocasiones anteriores y en contra de lo que cabría esperar, tampoco ahora se mantiene una unidad de criterio en relación a las medidas propuestas y a su impacto presupuestario.