SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida saludable y una Alimentación Equilibrada, una norma pionera en España que, entre otras medidas, contempla el fomento de los menús saludables en los comedores escolares y el refuerzo de la enseñanza de la nutrición en los centros docentes, donde además se promoverá llegar hasta las cinco horas efectivas semanales de actividad física.
Así lo ha indicado el consejero de Salud, Aquilino Alonso, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, donde ha destacado que se trata de la primera vez que una comunidad regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población más desfavorecidos socialmente. Este problema de salud pública afecta actualmente al 18,7 por ciento de la población adulta y al 22,5 por ciento de los menores.
Según ha explicado Alonso, el anteproyecto sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad. En su elaboración han participado alrededor de 250 personas de asociaciones de pacientes, consumidores y padres de centros educativos; miembros de sociedades científicas y colegios profesionales; medios de comunicación y empresarios de los diferentes sectores.
Así, la futura ley establece el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable.
Para hacerlo efectivo, el consejero ha explicado que se establecen medidas como disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades de peso o unidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones, y garantizar el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.
Asimismo, ha indicado que para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud. Entre otras medidas, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a profesionales.
El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna.
Por otro lado, la futura ley regulará la elaboración de 'cartas de compromiso' y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades pública y privadas que promueven los hábitos de vida saludables.
Sobre las medidas en materia educativa, el consejero ha precisado que para que los centros docentes establezcan un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física tendrán un plazo máximo de cuatro años, y ha destacado que en esta línea se fomentará igualmente los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.
La norma también eleva a rango legal las medidas que actualmente desarrolla la Junta para garantizar los menús saludables en los comedores escolares, con utilización de productos locales y regionales y de temporada basados en la dieta mediterránea, y se prevé la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en programas de granjas escuelas y huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.
En cuanto a los planes de formación del profesorado, incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física, mientras que en las universidades se facilitará configurar ofertas docentes de postgrado que aborden los problemas de la alimentación y la nutrición, la dieta mediterránea y la actividad física orientada a la prevención de sobrepeso y obesidad.
SE GARANTIZA EL ACCESO GRATUITO AL AGUA EN BARES Y RESTAURANTES
Una medida clave de la futura norma será garantizar el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil. Así, se promoverá dotar de fuentes estos espacios y se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de alimentos que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos. Además, los bares y restaurantes deberán disponer para clientes de un recipiente con agua fresca y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.
Por otra parte, el anteproyecto incluye también limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años, siendo el Consejo Audiovisual de Andalucía el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa, toda vez que, explica Alonso, limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes.
Por último, ha señalado que la normativa cataloga como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado o con desequilibrios del aporte calórico, o la utilización de alimentos o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares añadidos; la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores, o la inobservancia de las medidas para accesibilidad gratuita a agua potable en los términos establecidos en esta ley.
"EL OBJETIVO DE ESTA NORMA NO ES PUNITIVO"
En este sentido, ha explicado que en el último apartado del anteproyecto se contemplan las sanciones a quien incumplan la ley como falta leve, grave o muy grave, y que supondrán sanciones económicas. No obstante, Alonso ha querido dejar claro que el objetivo "no es punitivo, sino que ante un problema de salud pública mundial lo que pretendemos es generar debate y que podamos educar a la gente en un consumo responsable".
Cuestionado sobre la memoria económica de esta futura ley, Alonso ha señalado que "se está elaborando la memoria económica", pero ha puntualizado que "la mayor parte de los procesos que se regulan están recogidos en las actuaciones de las consejerías y todo está pactado y entra dentro del ámbito presupuestario para 2017".
Finalmente, el consejero ha señalado que la Consejería de Salud dispone de un cuerpo de inspectores que tendrán que velar por el cumplimiento de esta ley, que también prevé crear un mapa andaluz de la situación real de sobrepeso y obesidad, y la creación de una comisión asesora y un comité científico que asegure el buen desarrollo de esta norma.