Junta convocará este año 8.045 plazas de empleo público, pese al "chantaje" del Gobierno

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que la Junta convocará este año un total de 8.045 plazas de empleo público en los sectores de educación, sanidad y administración general, porque "jurídica y presupuestariamente" está justificada, frente a la "presión" y el "chantaje" que el Gobierno central quiere ejercer sobre las comunidades con este asunto, para que los grupos políticos le apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio.

Durante su comparecencia, ha recalcado que el Gobierno andaluz dispone de informes jurídicos que avalan su competencia para la convocatoria de la oferta pública de empleo.

Así, ha confirmado que "este año habrá oposiciones en Andalucía" y que la oferta más importante corresponderá a sanidad, con 3.553 plazas, seguida de las 2.468 plazas de educación y 2.024 para la administración general.

Montero ha querido despejar "cualquier atisbo de duda" sobre la oferta de empleo público, al considerar que está justificada "jurídica y presupuestariamente" y que redundará en una mayor calidad del empleo de los profesionales públicos de la Junta así como en el reforzamiento de los servicios públicos. Asimismo ha trasladado un mensaje de "certidumbre y tranquilidad" a los opositores que aspiran a un empleo público en la comunidad autónoma.

Montero ha explicado que el Presupuesto de Andalucía para 2017 regula la oferta de empleo público y la tasa reposición tomando como referencia las limitaciones establecidas por la legislación de carácter básico del Estado en el año 2016. "Nadie puede cuestionar que hayamos ejercido nuestras competencias de forma responsable y teniendo en cuenta en todo caso el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha defendido la consejera, quien ha incidido en que Andalucía ha sido "leal" con el Gobierno central.

"Todos los escenarios posibles nos llevan al normal desarrollo de la oferta de empleo público prevista por Andalucía", ha enfatizado la consejera, en referencia a que si hay Presupuestos Generales del Estado, la tasa de reposición se mantendrá como mínimo en el 100%, y si se mantiene la prórroga de los PGE 2016, también quedaría prorrogada la tasa de reposición fijada en el 100%, sin "argumentación política ni jurídica".

En su opinión, se trata de una "estrategia de presión" del Gobierno a las comunidades para que los grupos apoyen los PGE de 2017. Ha expresado que no se entiende por qué el Gobierno ha querido generar esta "alarma e incertidumbre".

"Tenemos garantías jurídicas de que la prórroga de los PGE para 2017, si se produce, afectaría de la misma manera en la tasa de reposición que se quedó fijada para el año 2016", ha indicado Montero.

La consejera ha recordado que la Junta siempre ha mantenido su apuesta por el empleo público "estable y de calidad", agotando los límites de la tasa de reposición impuestas y, concretamente, se ha referido a los dos últimos años (2015 y 2016) en los que se convocaron en la comunidad 11.554 plazas (5.266 de Sanidad, 3.558 de Educación y 2.730 de administración general).

No obstante, Montero considera que aún es necesario dar un paso más y ha apelado a un pacto de Estado por el empleo público que elimine las limitaciones y permita a todas las comunidades autónomas aprobar ofertas de empleo "suficientes y adecuadas a las necesidades de un Estado de bienestar reforzado", asegurando que las tasas de reposición no sigan menoscabando la calidad de los servicios públicos.

En este sentido, ha lamentado los efectos de las tasas de reposición impuestas por el Gobierno central durante los años de la crisis, ya que han supuesto un incremento de la temporalidad en el empleo público, si bien ha destacado que la Junta de Andalucía ha minimizado su impacto con medidas alternativas que han evitado "despidos masivos" como se han producido en otras regiones, lo que ha permitido "mantener la prestación pública de los servicios esenciales sin merma de su nivel de calidad".

Montero ha defendido la necesidad de reforzar la estabilidad de las plantillas de personal, principalmente en los ámbitos sanitario y educativo, lo que se podría lograr levantando la congelación de las convocatorias de consolidación de empleo temporal. A su juicio, no supondría la incorporación de más personal ni el incremento de gasto, pues las plazas se cubrirían por personal funcionario de carrera o laboral fijo, de ahí que haya reclamado al Gobierno central que estos procedimientos no computen a efectos de la tasa de reposición.

Del mismo modo, María Jesús Montero ha aludido al papel de coordinación que debe cumplir el Estado haciendo posible la "simultánea convocatoria" de procesos selectivos en el ámbito docente y sanitario en todo el territorio nacional, sin entrar en competición entre comunidades autónomas o en "indeseables efectos llamada" de opositores de una región a otra.

LA OPOSICIÓN RECLAMA PRUDENCIA Y MÁS PLAZAS PÚBLICAS

Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha indicado que su partido respalda y hace una "defensa cerrada" al Gobierno andaluz para que se saque la oferta pública de empleo, porque sus "argumentos jurídicos con correctos". Ha denunciado que en Andalucía se ha producido una disminución de empleos públicos en el último año, que ha afectado tanto a la sanidad como la educación, sin que hubiera inconvenientes presupuestarios o jurídicos. Ha señalado además que el decreto de reequilibrio financiero de la Junta era incluso "más restrictivo" que el Gobierno central en relación con los empleados públicos. Ha pedido a la Junta que no se cree "alarmismo" y que vaya de la mano de los sindicatos.

La parlamentaria de Podemos Begoña Gutiérrez ha señalado que retrasar la oferta de empleo público no es beneficioso para la calidad del sistema y ha preguntado a la consejera cómo se van a recuperar los 5.000 empleos públicos perdidos en sanidad. En su opinión, no son suficientes las plazas de empleo público que se sacan para el sector sanitario. Asimismo, ha criticado que las plazas para educación también resultan insuficientes, mientras que ha lamentado la temporalidad en plazas públicas. Ha pedido a la Junta que no ceda "al chantaje" del Gobierno central y que se mantenga firme.

El parlamentario de Ciudadanos Carlos Hernández ha pedido a la Junta que sea "excesivamente prudente y que tenga la mayor seguridad jurídica" posible para que no haya una posible impugnación por parte del Gobierno central de la oferta de empleo público andaluza. Ha advertido de que cuando una comunidad actúa por su cuenta, aunque tenga informes legales de su parte, y sin tener en cuenta al resto de comunidades, surgen problemas y fricciones y, al final, los ciudadanos son los afectados.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha acusado al Gobierno central de "entrometerse" en una competencia exclusiva del pueblo andaluz, en relación con la organización de su administración y con el empleo público. Ha denunciado que la "injusta" tasa de reposición que ha impuesto el Ejecutivo central ha conllevado "contratación en precario", algo en lo que la administración andaluza es una "alumna aventajada".

El parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz ha valorado que el PP-A diga que apoya a la Junta en la oferta de empleo público y ha señalado que un debate sobre este asunto requiere, sin duda, certidumbre, pero también justificación "templada". Ha indicado que los efectos de la crisis sobre el empleo público son evidentes, pero ha recordado que fue el Gobierno central el que impuso la tasa de reposición y limitó los derechos de los empleados públicos.