Junta y Gobierno acuerdan cambios en Ley de protección ante contratación hipotecaria para evitar recurso en el TC

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo para introducir algunas modificaciones en el texto de la Ley andaluza para la protección de los derechos de las personas consumidoras en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios de la vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en mayo de 2016.
Los cambios, que no afectarán el contenido sustancial de la norma,
permitirán evitar que el Gobierno central la recurra ante el Constitucional.

El compromiso, al que se ha llegado en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación, evitará que el Ejecutivo central recurra esta norma ante el Tribunal Constitucional, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Asimismo, ha expuesto que las modificaciones acordadas no afectan al contenido sustancial de la ley ni entorpecen su objetivo de proporcionar información y herramientas a las personas consumidoras para acabar con los abusos y asegurar que conozcan sus derechos, ante qué productos se encuentran y cómo y dónde pueden hacer valer las garantías que ofrece la Administración autonómica.

Entre estos cambios, que adaptarán la norma a la legislación básica del Estado, figura el ajuste de la definición de persona consumidora al concepto, más amplio, recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2007. Otras modificaciones previstas, que tampoco desvirtúan el sentido de la ley, se realizarán una vez se lleve a cabo la trasposición de la Directiva 2014/17 del Parlamento europeo sobre contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial.

Según Vázquez, la norma mantendrá los aspectos esenciales de protección a la persona garante, irrenunciabilidad de derechos reconocidos, exigencia de que se proporcionen explicaciones adecuadas y regulación de las comunicaciones comerciales y la publicidad. Las medidas para aumentar la transparencia incluyen la creación del Índice de Documentos de Entrega Preceptiva, en el que se relaciona toda la documentación que las empresas prestamistas deben poner a disposición del consumidor hasta que suscriba la hipoteca.*

También continúa la ampliación de la información previa al contrato y la personalizada, a través de dos nuevos documentos adicionales a los exigidos por la normativa estatal: el de Información Precontractual Complementaria y el de Información Personalizada Complementaria, que, entre otros contenidos, incluye una tabla de oscilaciones de los tipos de interés. Los datos de relevancia precontractual deben estar disponibles para el consumidor en la web o en las oficinas de la entidad financiera, sin que sea preciso solicitarlos. En este punto, el acuerdo con el Ejecutivo central recoge que ambos documentos se revisarán una vez que el Estado español trasponga la directiva comunitaria que regula esta materia.

Por otro lado, la norma andaluza seguirá reflejando la regulación de los gastos preparatorios del préstamo hipotecario, la creación del Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios, la elaboración del modelo de contrato de préstamo hipotecario de confianza y código ético, o la información a transmitir durante la vigencia del préstamo hipotecario y sobre los intereses de demora.

De otro lado, preguntado sobre si podría darse una situación similar con el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, que refuerza las medidas para luchar contra los desahucios y amplía la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago en la comunidad autónoma y el que Gobierno andaluz ya ha remitido al Parlamento, Miguel Ángel Vázquez ha señalado que no se ha producido ninguna comunicación del Ejecutivo nacional poniendo algún tipo de reparo a dicha norma.

Ha indicado que desde la Consejería de Fomento se ha hecho un trabajo riguroso dentro de las competencias de la comunidad, con lo que no hay motivos para que el Gobierno central ponga reparos a esta norma.