La Junta insta al Estado a invertir los 300 millones para depuradoras declaradas de Interés General del Estado

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha instado al Gobierno central a que invierta los cerca de 300 millones de euros que tiene pendiente para la construcción de infraestructuras de depuración, declaradas de Interés General del Estado, en las localidades incluidas en los procedimientos sancionadores de la Unión Europea.

En este sentido, Fiscal, en comparecencia a petición del Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía, ha destacado que de las ocho aglomeraciones urbanas andaluzas afectadas por la sentencia dictada en 2011 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Reino de España, por no cumplir sus obligaciones en materia de depuración de aguas residuales, cuatro son de competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Barbate, Estepona, Matalascañas y Nerja), y que por tanto debe acometer las obras necesarias.

Respecto a las otras cuatro, que son de competencia autonómica (Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín), el consejero ha informado que están en ejecución, lo que demuestra el "compromiso" de la Junta de Andalucía para cumplir los objetivos que marca la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales.

Durante su intervención en la Cámara, Fiscal ha aclarado que en Alhaurín el Grande se siguen ejecutando las obras del proyecto de 'Agrupación de vertidos de los núcleos del Bajo Guadalhorce: Alhaurín el Grande-Cártama. Provincia de Málaga'. Los colectores de conexión de dichas localidades están ya realizados a falta del último tramo, pendiente de definir en función de la ubicación definitiva de la depuradora.

En el caso de Isla Cristina, las obras de conexión de Isla Cristina-La Antilla-Lepe, en Huelva, se encuentran ya en un 94 por ciento. Además, con el fin de mejorar las infraestructuras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la Antilla, se están acometiendo obras de ampliación para reforzar el tratamiento de las aguas residuales que entran a la depuradora, encontrándose actualmente al 86 por ciento.

En cuanto a Tarifa (Cádiz), que no disponía inicialmente de estación depuradora, los colectores están finalizados y la EDAR está al 90 por ciento de ejecución. Los retrasos en la ejecución de esta obra, que se reiniciará en breve, se justifican por la tramitación de un modificado por cuestiones relativas a la electricidad y al trazado de los colectores.

Respecto al proyecto de Coín, englobado en la aglomeración urbana Álora-Pizarra-Coín (Málaga), cuyas aguas serán tratadas en la EDAR Bajo Guadalhorce, se están llevando a cabo dos actuaciones. Una, la de aglomeración de vertidos, se encuentra al 75 por ciento de su realización, se reiniciará en breve; y otra, la correspondiente a la EDAR, está adjudicada y pendiente de la resolución de un expediente expropiatorio para iniciar las obras.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha recordado que en un principio eran 13 las aglomeraciones urbanas andaluzas que incumplían esta Directiva europea, 37 en toda España, pero que gracias a las inversiones realizadas cinco han podido ser excluidas de este procedimiento (Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Torrox-Costa, Chipiona y Vejer de la Frontera).

Fiscal ha recordado que en 1991, año original de la directiva, en Andalucía sólo el 30 por ciento de los ciudadanos vivían en municipios con depuradora, exponiendo al respecto que ha habido "un esfuerzo enorme y compartido". "Sería de necios negar que en los años más duros de la crisis hubo un parón: una vez que se está viendo luz a esta situación, estamos empeñados en acelerar el ritmo de la construcción de depuradoras que son de nuestra competencia y apoyar sin ningún matiz a la administración local en lo que de nosotros dependa para agilizar este ritmo", ha aseverado.

ACTUACIÓN "NEGLIGENTE" DE LAS ADMINISTRACIONES

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Mercedes Barranco ha hecho hincapié no sólo en el incumplimiento de la directiva europea, sino en las consecuencias medioambientales para "la salida de la ciudadanía y los bolsillos de los españoles", dadas las multas que planean por este particular.

Así, Barranco se pregunta "cómo vamos a pagar sanciones" que podrían suponer hasta 62 millones de euros al año. "Consideramos que hemos llegado hasta aquí porque las administraciones han actuado de forma negligente, algunas depuradoras han servido como promesa electoral y hay una falta de conciencia generalizada de muchos dirigentes", ha lamentado.