SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, se encuentra actualmente investigando si la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha cometido unas "irregularidades" que, de ser ciertas, podrían conllevar que se decretara la "suspensión" de esta entidad como miembro del Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía.
Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Salud, Marina Álvarez, en respuesta a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, le ha formulado la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto.
En concreto, la parlamentaria de la federación de izquierdas se ha interesado por "las medidas que va a adoptar" la Consejería de Salud ante supuestas "irregularidades" que habría cometido UCA-UCE, según ha indicado citando una información publicada por 'Infolibre' según la cual dicha asociación habría aceptado dinero a cambio de favores a empresas privadas, según ha relatado.
La diputada de IU ha aseverado que la Consejería "no puede alegar desconocimiento" sobre el proceder "irregular y gravísimo" de dicha asociación, y ha pedido a la Junta que actúe de forma "urgente y ejemplarizante", así como "con responsabilidad" para con esta asociación.
Además, Nieto ha señalado que la pasada semana también se conoció a través de los medios de comunicación una información según la cual se destituyó en 2010 a un ex jefe de Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía "por negarse a inflar" las subvenciones a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) siguiendo órdenes, supuestamente, de la entonces directora general de Consumo y hoy alcaldesa socialista de Montoro (Córdoba), Ana María Romero.
La diputada de IU ha criticado que la Junta "nunca ha auditado las afiliaciones que dice tener la asociación" UCA-UCE, que, además, "no está implantada en todas las provincias" andaluzas, y ha insistido en que desde el área de Consumo de la Administración autonómica deben tomarse "medidas rápidas, ejemplarizantes y a la altura de la gravedad" de lo sucedido.
Por su parte, la consejera de Salud ha explicado que actualmente no consta "ninguna denuncia formalmente interpuesta" sobre este asunto, del que sí han tenido noticia a través de los medios de comunicación y también mediante una "información anónima" que comenzó a analizarse "con anterioridad" a la publicación de la citada información, según ha apuntado.
De esta modo, ha confirmado que la Dirección General de Consumo de la Consejería "está investigando los hechos por si se han cometido estas irregularidades", de modo que la Junta, según ha defendido Álvarez, está actuando "de forma responsable".
En ese sentido, ha manifestado que es necesario realizar "las comprobaciones oportunas", y ha garantizado que "si las informaciones son ciertas se tomarían las medidas oportunas", que pueden pasar, según ha detallado, por la pérdida "durante cinco años al menos" de la condición de asociación de la UCA-UCE al quedar fuera del Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, con la consiguiente pérdida "de derechos y beneficios" que ello conllevaría, según ha incidido.
Tras resaltar además que, si se toman esas medidas, la asociación dejaría de formar parte de órganos como el Consejo Andaluz de Consumo y de los consejos provinciales de Consumo, la consejera de Salud ha enfatizado que desde la Junta no hacen "la vista gorda" con esta cuestión, y, "si son verdad esos actos, tendremos que actuar, como no puede ser de otra manera", según ha zanjado.