La Junta niega responsabilidades políticas por la indemnización millonaria al Nevada

GRANADA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Granada, Sandra García, ha defendido este jueves que "no hay absolutamente ninguna responsabilidad política" por parte de esta administración en relación a la sentencia que le obliga a indemnizar con 165,6 millones a la empresa promotora del Centro Comercial Nevada por los perjuicios económicos derivados la paralización de las obras de esta superficie comercial.

García ha trasladado en declaraciones a los periodistas su "respeto más absoluto" a la justicia, si bien ha reconocido su "sorpresa" por esta sentencia, con la que la Junta "discrepa en prácticamente todo", puesto que, entre otras cosas, no esperaban que les fuesen a condenar "por el lucro cesante", esto es, las ganancias que dejó de obtener la mercantil como consecuencia de la paralización de las obras que retrasó su apertura al público.

Igualmente, ha rechazado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no haya tenido en cuenta el proceso penal vinculado a este asunto --cuya dilación favoreció a juicio del Gobierno andaluz que las obras estuvieran más tiempo paralizadas-- frente al procedimiento administrativo que ha dado origen a esta indemnización.

Así, los servicios jurídicos están estudiando en estos momentos la sentencia con la pretensión de recurrirla ante el Tribunal Supremo, para lo que tienen un mes de plazo, según ha precisado la delegada.

Preguntada sobre si cree que existen responsabilidades políticas por la gestión de este asunto, Sandra García ha defendido que "no hay absolutamente ninguna", pues se ha actuado siempre siguiendo el criterio del gabinete jurídico.

Estas declaraciones se producen después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya estimado parcialmente el recurso interpuesto por General de Galerías Comerciales, promotora del Centro Comercial Nevada, y haya concluido que la Junta deberá indemnizar a la mercantil con 165,6 millones a raíz de los perjuicios económicos por la paralización de las obras.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA eleva la cifra de la indemnización fijada en sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada, que ya en julio del pasado año condenó al Gobierno andaluz al pago de 157,4 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.