La Junta dará a "grandes contribuyentes" la opción de tributar por patrimonio en Andalucía

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha indicado este jueves que "el Gobierno andaluz dará a los grandes contribuyentes la opción de elegir para que sus impuestos se queden en Andalucía".

Así lo ha manifestado el presidente andaluz en un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya aplicado doctrina y haya rechazado también los recursos de inconstitucionalidad que presentaron la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas, que se aplica al patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros.

Moreno ha comentado además al hilo de ese fallo del TC que, "en 2024, continuaremos bajando impuestos a los andaluces, a pesar de Pedro Sánchez", según ha apostillado.

Antes de que se conociera el fallo del TC en relación a los recursos de la Junta de Andalucía y de la Xunta de Galicia contra dicho impuesto creado por el Gobierno de Pedro Sánchez, le han preguntado a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en un foro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla por lo que tuviera previsto realizar la Junta en el caso de que el Constitucional rechazara su recurso.

La consejera ha abogado entonces por "ser prudentes" y esperar primero a conocer el pronunciamiento del TC, si bien ha reivindicado la decisión del actual Gobierno andaluz de "quitar", en la práctica con su bonificación, el impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, decisión anunciada el pasado año 2022 por el presidente de la Junta y tras la que el Gobierno central anunció la puesta en marcha del impuesto sobre las grandes fortunas.

En esa línea, la consejera ha justificado que la Junta acordara "eliminar el impuesto de Patrimonio porque entendíamos que era un impuesto injusto, que ahuyenta la inversión y el ahorro", y que, además, "no existe en ningún otro país de la Unión Europea".

"Esa era nuestra posición inicial", ha subrayado la consejera esta mañana antes de abogar por esperar a conocer la sentencia del Constitucional para valorarla.

SENTENCIA DEL TC

Según ha informado este jueves la corte de garantías, los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que presentarán votos particulares contra la decisión de la mayoría progresista recogida en dos sentencias de las que han sido ponentes los magistrados Juan Carlos Campo y Ricardo Enríquez.

Estaba previsto que el TC se pronunciara en este sentido, como ya hizo el paso 7 de noviembre al rechazar la impugnación presentada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

El Constitucional sentenció entonces que dicho gravamen no vulnera las competencias autonómicas en materia fiscal ni resulta confiscatorio. "La queja real de la Comunidad de Madrid es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros (únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio", decía el fallo.

El TC ya avanzó entonces que aplicaría esta misma doctrina a los recursos pendientes contra el impuesto a las grandes fortunas. Además de Madrid, Andalucía y Galicia, recurrió Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como el andaluz pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.

VOTOS PARTICULARES

Los votos particulares anunciados este jueves apuntan que el precepto legal impugnado es inconstitucional, en primer lugar, por vulnerar la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas al neutralizar la defensa de los intereses respectivos en el ejercicio de las competencias propias.

En segundo lugar, porque la forma de aprobación de la iniciativa legislativa que ha dado lugar a la Ley 38/2022 supone un claro menosprecio al principio democrático, a los derechos de representación política de las minorías y al principio de legalidad tributaria.

Según los firmantes, el texto también vulnera el principio de seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de los ciudadanos en la actuación de los poderes públicos que de él se deriva, por la sorpresiva aplicación del impuesto.