La Junta reclama cuatro años de cárcel para Guerrero por una ayuda de los ERE

La Junta también solicita tres años de prisión para el exfutbolista 'Pizo' Gómez y exculpa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha reclamado cuatro años de cárcel y 15 años de inhabilitación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero por las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pide para Guerrero cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Asimismo, solicita tres años de cárcel y diez de inhabilitación para José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, que fuera trabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid; el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y el exdirector gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño.

De igual modo, la Junta pide que los cuatro acusados indemnicen a la Junta conjunta y solidariamente con el pago de 491.424,43 euros.

EXCULPA A ANTONIO FERNÁNDEZ

En su escrito, defiende que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "no es autor de tal delito", aunque cabe recordar que la juez María Núñez Bolaños ha decidido apartarlo de esta pieza tras aplicar por primera vez el criterio marcado por la Audiencia Provincial, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.

La Junta relata que Guerrero, "sin causa alguna que lo justificase, concertó" con Miguel Errecalde, administrador de Cenforpre, la entrega de una cantidad de dinero mediante la suscripción de pólizas de rentas de supervivencia y de capital diferido en las que aparecía como tomador la Junta y como beneficiario 'Pizo' Gómez, empleado de dicha mercantil.

A su juicio, "para consumar la actuación delictiva contra la Junta resultó imprescindible la actuación" de Antonio Albarracín, quien, "a sabiendas de la inexistencia de causa que justificase la concesión de ayuda alguna" al exfutbolista o a Cenforpre, "contrató con Guerrero las pólizas que sirvieron como instrumento para la defraudación con el único ánimo de enriquecerse".

EL PP-A ACUSA DE UN DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

"A través de dicho mecanismo fraudulento, Gómez Romón percibió, en una cuenta corriente de la que era titular, entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de agosto de 2008, la cantidad de 491.424 euros, cantidad que se repartirían entre él y Errecalde y/o la mercantil Cenforpre", pone de manifiesto la Junta.

De su lado, la acusación que ejerce el PP-A ha pedido la misma pena que la Junta para los acusados --en su escrito incluye también al exconsejero, aunque el mismo es anterior a la decisión de la juez de apartarlo de esta pieza-- por los delitos de prevaricación y malversación.

No obstante, también reclama para los encausados, por un delito de asociación ilícita, dos años de cárcel, 12 años de inhabilitación y el pago de una multa de 21.600 euros, así como que indemnicen a la Hacienda Pública con 491.424,43 euros.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado cinco años de cárcel y 15 años de inhabilitación para 'Pizo' Gómez, Guerrero, Antonio Albarracín y Miguel Errecalde, así como que indemnicen con 491.424,43 euros a la Junta de Andalucía.

Recientemente, la juez María Núñez Bolaños abrió juicio oral e impuso una fianza de 640.000 euros al exfutbolista 'Pizo' Gómez, a Guerrero, al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y al exdirector gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño.