La Junta replica que la reclamante de una vivienda "segura" en Granada ya recibió una "adaptada a sus necesidades"

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta afirma que la mujer víctima de violencia de género y con un hijo discapacitado a su cargo que reclama el cambio de vivienda que tiene adjudicado en la zona Norte de Granada a otra del parque autonómico en alquiler argumentando que se siente amenazada ya fue trasladada, por la misma causa, en febrero del pasado año.

El traslado se produjo después de que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) "recuperara una vivienda que se ajustaba a sus necesidades y con visto bueno de los Servicios Sociales municipales que valoraron su situación", según precisa en una nota la Junta de Andalucía.

La denunciante y su hijo, que tiene una discapacidad, son usuarios del parque público de AVRA desde que en 2011 firmó contrato por el que se le adjudicaba una vivienda en arrendamiento. Tres años después, en julio de 2014, solicitó cambio a otra vivienda, alegando que se sentían amenazados por un vecino del bloque.

Cuando la agencia tuvo a su disposición una adecuada a las necesidades de la unidad familiar, se le ofreció y ella lo aceptó, "pese a que se encontraba en la misma promoción, aunque en un edificio distinto".

El cambio de vivienda se produjo en febrero de 2016, momento en el cual la inquilina firmó un reconocimiento de la deuda que en ese momento tenía contraída con AVRA por impago de las rentas y un compromiso de abono progresivo de la misma.

Meses después de firmar el contrato de esa nueva vivienda, que según la Junta se le entregó en perfectas condiciones y que se adaptaba a sus necesidades, la inquilina volvió a pedir traslado a otra, por los mismos motivos: "amenazas y situación de inseguridad para ella y su hijo".

La agencia afirma que trata de atender estas situaciones en la medida de sus posibilidades, pero son muy pocas las viviendas que se van recuperando frente a las necesidades planteadas, tanto por peticiones de traslados como sobre todo, por la lista de demandantes en riesgo de exclusión social existente en el registro municipal.

Defienden que en el proceso de adjudicación de viviendas que van quedando libres se "respeta escrupulosamente el orden establecido por la baremación que hacen los Servicios Sociales del Ayuntamiento" y, por ello, el traslado solicitado por esta mujer será atendido cuando "habiendo una vivienda libre que se adapte a sus necesidades, le corresponda en función del informe social".

Advierte la administración en este sentido de que "no se pueden hacer excepciones habiendo otras familias que en opinión de los Servicios Sociales tengan necesidades más perentorias de vivienda".