La Junta respalda la proposición de ley de PSOE y Cs sobre atención temprana

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley reguladora de la atención temprana de niños de cero a seis años, presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos (Cs), así como el contrario a la de los grupos de PP, Podemos e IULV-CA.

El texto propuesto por el PSOE y Cs pretende reforzar las políticas autonómicas en esta materia, que desde abril de 2016 ya cuentan con un decreto específico. Su desarrollo ha permitido eliminar las listas de espera y aumentar el tiempo de las sesiones de 45 minutos a una hora, además de garantizar un aumento progresivo de las partidas desde los 11,9 millones de euros en 2016 a los 34 previstos para 2019, según ha informado en rueda de prensa posterior al Consejo el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.

Como principal novedad, la proposición incluye un plan integral interdepartamental con la participación de los sectores sanitario, educativo y de la igualdad. También establece la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de gestión de servicios por parte de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), así como medidas para impulsar la colaboración con las universidades andaluzas en investigación e innovación.

El texto desgrana el derecho a la atención temprana y plantea que será la administración la encargada de garantizarlo, además de ampliarlo más allá de los seis años para acompasarlo con el final del curso escolar. También recoge la profundización del modelo en el ámbito educativo con el fin de potenciar el desarrollo de los menores en los dos ciclos de Infantil.

Por su parte, la propuesta de PP, Podemos e IULV-CA refleja la consideración de la atención temprana como una prestación "casi exclusivamente sanitaria" y solicita su inclusión en la cartera del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Ejecutivo señala que esta perspectiva asistencialista no tiene en cuenta a las entidades que actualmente trabajan en el sector y a su experiencia acumulada.

La proposición establece también una estructura organizativa que el Consejo considera "incoherente e irrealizable", en tanto deja que sean los centros de atención sin plazas libres los que deriven a otros, frente a la "claridad" del modelo vigente a la hora de definir quién toma decisiones sobre este asunto --los profesionales de Pediatría--, sobre la necesidad de iniciar la intervención --los de los CAIT-- y la intensidad de la misma --los de las unidades de atención temprana del SAS-- y sobre la coordinación entre sectores --los equipos provinciales de atención temprana--.

Además, el Ejecutivo andaluz señala que esta proposición no recoge apartados fundamentales sobre los derechos de los menores, las obligaciones de las persones usuarias y las garantías que deben ofrecer las administraciones públicas. Tampoco incluye una relación de recursos ni prevé las unidades ni los equipos que constituyen el primer nivel de la prestación y que favorecen la coordinación de los profesionales de salud, educación y servicios sociales. De igual modo, la propuesta omite referencias a los sistemas de información y a la formación, la investigación y la innovación en la materia.

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN TEMPRANA

En línea con la proposición de ley de PSOE y Cs, el decreto que desde hace un año regula la atención temprana en Andalucía plantea un modelo integral que agrupa las actuaciones de los ámbitos sanitario, educativo y social, con el fin de favorecer el óptimo desarrollo y autonomía personal de los menores; disminuir los efectos de sus alteraciones y discapacidades; y facilitar la integración familiar y social para evitar la aparición de problemas añadidos.

En este sentido, fija los cauces de coordinación entre los profesionales de las consejerías de Salud, Educación e Igualdad y Políticas Sociales que tienen una participación directa en el proceso. El objetivo es conseguir que la asistencia abarque todos los aspectos de estos tres ámbitos, desde los psicomotores, sensoriales, perceptivos, cognitivos, comunicativos, afectivos y sociales a los relacionados con el entorno (familia, escuela y sociedad).

Asimismo, la norma garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad en la prestación, a la vez que favorece la descentralización y la calidad con unos servicios próximos al domicilio familiar, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias. El decreto incluye la exigencia del cumplimiento de una serie de estándares en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica disponible en cada momento, además de incorporar medidas para fomentar la investigación y mejorar el conocimiento de los profesionales implicados.

La norma, una de las más avanzadas a nivel nacional en cuanto a contenido, incorpora dos novedades no reguladas en otras comunidades: la creación en el sistema sanitario público de unidades específicas para la valoración y el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma.

Actualmente están en funcionamiento las once Unidades de Atención Infantil Temprana que el decreto dispone para las ocho provincias andaluzas (dos en las de Cádiz, Málaga y Sevilla). Formadas por profesionales de Pediatría y Psicología, se encargan de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno, así como de la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud; la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria.

Estas unidades son las responsables de decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a uno de los más de 180 Centros de Atención Infantil Temprana que funcionan en Andalucía. Actualmente, 800 profesionales atienden a alrededor de 20.000 menores al año.