SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se ha mostrado convencido este miércoles de que el Gobierno central, por su "voracidad fiscal", no va a "tirar la toalla" con el impuesto permanente a las empresas eléctricas y que lo seguirá intentando aunque en este momento haya quedado frenado. Ha garantizado que la Junta recurrirá a "todos los instrumentos" a su alcance para evitar que se lleve a cabo.
En su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, el hecho de que ahora se haya quedado en suspenso esa intención sobre el "impuestazo" a las eléctricas no obedece a que el Ejecutivo nacional haya recuperado la "coherencia", sino a que algunos de sus socios se han opuesto a él y no contaba con los apoyos suficientes para sacarlo adelante.
Ha planteado que, conociendo a este Gobierno central y su "forma de proceder", quién puede garantizar que no se busquen otros "mecanismos" para mantener este "impuestazo" vivo, lo que pondría en serio "riesgo" importantes proyectos en Andalucía en materia de energías renovables, como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, proyecto de Cepsa consistente en la construcción de dos plantas de hidrógeno verde en San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva).
El consejero andaluz ha agregado que, como "muestra un botón y sin ir más lejos, hoy mismo, en el Congreso, ha tenido lugar la primera reunión de la ponencia del proyecto de ley del impuesto complementario mínimo, en el cual se planteaba este impuestazo como enmienda" y "sigue con su calendario de tramitación y el próximo 14 de noviembre se debate y vota en el pleno".
"Y ahí se mantienen vivas las enmiendas presentadas por algunos socios del Gobierno actual, BNG, Bildu y Sumar, formaciones proclives a hacerlo permanente (el impuesto a las eléctricas)", ha añadido.
Según Jorge Paradela, "muchos nos tememos que el PSOE y sus socios no van a tirar la toalla con el gravamen a las energéticas, sino que van a seguir negociando hasta hacerlo potencialmente permanente por las vías que sean necesarias".
Se ha planteado que, en este escenario, qué tiene pensado hacer el PSOE-A y qué van a votar sus diputados en el Congreso: "Si en esta ocasión antepondrán los intereses de Andalucía o volverán a acatar con sumisión una medida incomprensible y enormemente lesiva para el futuro de nuestra tierra".
Ha pedido al PSOE-A que haga valer su peso en el Grupo Socialista en el Congreso para evitar que ese impuesto se haga permanente.
Durante su intervención, Jorge Paradela ha expuesto que la necesidad de avanzar en la transición ecológica que afronta Europa ha reforzado la apuesta del Gobierno andaluz por sacar el máximo partido a los recursos renovables de esta región e impulsar un modelo energético sostenible y seguro que nos lleve a liderar el proceso europeo y que genere al mismo tiempo nuevas oportunidades de negocio, de innovación, desarrollo industrial y de empleo.
Sin embargo, según ha señalado, todo puede estar en riesgo por el "afán temerario e injustificado del Gobierno por impulsar un gravamen a las empresas eléctricas". Ha señalado que de llevarse a cabo, España sería el único país de Europa en transformar en permanente un impuesto especial planteado en el conjunto de la UE como temporal y de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía en 2022.
Ha indicado que en Andalucía estarían en juego más de 8.000 millones de euros de inversión y más de 20.000 puestos de trabajo por una medida "arbitraria, abusiva e incongruente", que "contraviene por completo el concepto de seguridad jurídica".
El consejero ha incidido en que "todo lo que suponga limitar el crecimiento industrial por la vía impositiva va a suponer una hipoteca difícil de superar por lo que, desde Andalucía, pensamos hacer frente con todos los instrumentos a nuestro alcance para evitar que se lleve a cabo".
De llevarse a efecto ese "impuestazo", según ha recalcado, se "pondrán en peligro inversiones millonarias en proyectos de hidrógeno verde, pero también de biocombustibles o energía eólica y fotovoltaica". Unos proyectos que, según ha avisado Paradela, "podrían terminar deslocalizados en otros territorios competidores".