Junta señala que dar detalles de las autoridades y el personal que defiende la Administración vulneraría la ley

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha respondido a la diputada no adscrita María del Carmen Prieto Bonilla que dar detalles sobre la defensa jurídica de autoridades y personal de Administración andaluza y del abono de estos casos vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Así se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, en varias respuestas parlamentarias ante iniciativas sobre este asunto registradas por la diputada no adscrita, a las que ha tenido acceso Europa Press.

En las citadas respuestas, Jiménez Barrios alude al artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que recoge que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado".

Seguidamente, el número dos del Gobierno andaluz argumenta que la Junta "no cuenta con el consentimiento de los posibles interesados para ceder la información interesada, ni dispone de un instrumento jurídico o marco legal que le habilite a solicitar dicho consentimiento".

También esgrime que el artículo 7.1 del Reglamento del Parlamento indica que "para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo conocimiento de su respectivo grupo parlamentario,
tendrán la facultad de recabar de las administraciones públicas de la Junta los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas administraciones, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal".

Por todo ello, Jiménez Barrios ha manifestado que "al no contar con el consentimiento de las personas afectadas ni disponer de un instrumento jurídico que habilite a la administración autonómica a solicitar dicho consentimiento, no concurren los presupuestos necesarios para poder ceder la información solicitada, vulnerando la Junta, en caso de hacerlo, las garantías legalmente establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto en el propio Reglamento del Parlamento de Andalucía".