Sindicatos esperan que las 35 horas reciban apoyo de los partidos

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Administración Pública se ha reunido este viernes en Mesa General de Función Pública para analizar el decreto ley por el que se recupera la jornada laboral de 35 horas semanales en los empleados públicos de la Junta, ante lo que esperan que esa recuperación de jornada reciba el apoyo de todos los partidos del parlamento andaluz, tras lo que han valorado que esta recuperación también sea para el sector instrumental del Gobierno andaluz.

   Según destaca la Junta en una nota, la Mesa General está formada por la Consejería y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, y el Gobierno andaluz ha destacado el apoyo mostrado por los sindicatos al decreto ley por el que se recupera la jornada laboral de 35 horas y que beneficiará a más de 270.000 empleados públicos de la Junta. La norma, aprobada esta misma semana por el Consejo de Gobierno, será de aplicación a partir del 16 de enero de 2017, en cumplimiento del calendario de restitución de derechos suscrito entre la Consejería y CCOO, UGT y CSIF el pasado 2 de junio.

   La Mesa General de Negociación Común del Personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, reunida este viernes en Sevilla, ha abordado la aplicación de la nueva jornada en todos los sectores, teniendo en cuenta los turnos de trabajo y garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos.

   La nueva jornada será efectiva desde el 16 de enero en la administración general, sanidad y en el sector instrumental y, atendiendo a la especialidad de la jornada lectiva del personal docente, coincidirá con el inicio del próximo curso escolar. Según se ha acordado, las adaptaciones que deban realizarse en estos ámbitos serán negociadas en las respectivas mesas sectoriales y en la comisión del convenio colectivo del personal laboral.

OTROS ACUERDOS

   Durante la reunión se ha aprobado también el Reglamento para regular los permisos por cuidados de hijos afectados por cáncer y enfermedades graves, una medida con la que la Junta de Andalucía da un paso más en favor de la conciliación familiar de los empleados públicos. Además de por problemas oncológicos, se amplían los supuestos que darán derecho a este permiso como las enfermedades graves por causas hematológicas, errores innatos del metabolismo, inmunológicas, psiquiátricas, neurológicas, autoinmunes, cardiológicas, nefrológicas, de los aparatos respiratorio o digestivo, reumatológicas, así como la diabetes Mellitus tipo I, determinadas infecciones, los cuidados paliativos y la atención a grandes prematuros.

   En todos estos supuestos, el permiso podrá acumularse en jornadas completas y podrá solicitarse no solo durante la minoría de edad de los hijos, siempre que quede acreditado que su situación clínica exige una atención directa, continua y permanente. Será efectivo tanto durante la hospitalización como durante la continuación del tratamiento tras el diagnóstico y, cuando el ingreso se produzca en un centro situado a una distancia superior a los 120 kilómetros del centro de trabajo, ambos progenitores podrán solicitar el permiso.

   Asimismo, la mesa ha acordado mejoras en las ayudas para la atención a personas con discapacidad que pueden solicitar los empleados públicos, permitiendo que se puedan recibir de forma complementaria a otras prestaciones y servicios. Asimismo, se han actualizado las cuantías correspondientes a 2016 incrementándose del 75 al 80 por ciento de los gastos justificados la cantidad a compensar con un máximo de 3.000 euros por beneficiario. También agilizará su tramitación eliminando la presentación de documentos que ya constan en la Administración.

VALORACIÓN DE CSIF, CCOO Y UGT

   Por su parte, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, insistió  en que los grupos parlamentarios andaluces se posicionen a favor de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, "tanto apoyando la medida en el debate del proyecto de Decreto-Ley que se producirá en el Parlamento de Andalucía, como promoviendo una resolución institucional contra un posible recurso del Gobierno central a la medida".

   Heredia, en declaraciones a los medios tras la Mesa General, aplaudió "el cumplimiento de la palabra de la presidenta de la Junta, que ha sido fundamental para que los empleados públicos andaluces empiecen a recuperar derechos", así como "el afán de consenso y negociación de la consejera de Hacienda y de todo su equipo".

   Para el presidente de CSIF-A, la restitución de las 35 horas semanales es una medida clave "para la creación de empleo público estable y de calidad en la Comunidad donde más puestos de empleo público se han perdido en estos años". Por ello, reclamó el apoyo de todos los partidos presentes en el Parlamento. "Los empleados públicos andaluces no pueden perder ni un segundo más, han visto recortados sus derechos durante estos años y merecen un reconocimiento al esfuerzo de sostener, los servicios públicos esenciales para la Comunidad", añade.

   Respecto a la creación de puestos de empleo público, Heredia insistió en la premura por convocar "ofertas de empleo público acordes a las necesidades de la Función Pública andaluza, para que no sigan existiendo urgencias colapsadas por la ausencia de personal, aulas con un ratio elevado en los centros educativos andaluces o problemas en la gestión de la dependencia, del desempleo o de los juzgados. Andalucía necesita cerca de 20.000 puestos de trabajo con carácter de urgencia".

   Por su parte, el secretario del Area Pública de CCOO-A, Agustín de la Cruz, ha valorado la reunión, donde "le hemos arrancado algunos compromisos, más de lo que se llevaba a la reunión", como es el hecho de que la recuperación de las 35 horas también se aplique a los empleados de los entes instrumentales que la hubieran perdido.

   En ese sentido, ha explicado a Europa Press que las partes prevén reunirse "de inmediato" para tratar de que la recuperación de ese derecho sea para el conjunto de empleados público, lo que supone "igualdad en el trabajo, creación de empleo y mejora de servicios públicos". "Sería trasladar a los sitios donde no está las 35 horas, que se negocien y se apliquen para que pueda afectar a la totalidad del sector público", ha añadido.

   CCOO reconoce que el riesgo de recurso contra este decreto ley por parte del Gobierno "sigue existiendo, aunque la Junta esgrima el Estatuto de Autonomía".

   Este sindicato ha apuntado que sale "en parte contento" de la reunión, toda vez que "falta la recuperación de algunas cosas". Asimismo, valora que la Junta "nos anuncia que próximamente nos entregará un borrador de la Ley de Función Pública".

   Por su parte, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-A celebra que "hayamos dado un paso más en la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis económica".

   UGT ha indicado en una nota que velará por la aplicación de dicho acuerdo, "que se plasmará en un decreto Ley que tiene que ser aprobado por el Parlamento andaluz", y además ha exigido ala Administración que proporcione los datos sobre la generación de empleo que va a generar dicha medida, las mejoras en las condiciones de los profesionales, así como los beneficios en la mejora del servicio.

   No obstante, este sindicato recuerda que "aún quedan algunas medidas por cumplir derivadas de este acuerdo".

   FeSP UGT-A entiende que con la implantación de las 35 horas se generarán alrededor de 15.000 puestos de trabajo, "lo que supone dos pilares fundamentales en nuestra sociedad: generación de empleo y mejora del servicio que se presta a la ciudadanía".

   UGT espera que la tramitación en el Parlamento "reciba el apoyo de todos los grupos políticos, sin excepción", y que los discursos "no se queden en palabras, sino que se transformen en un hecho real que es la recuperación de un derecho robado a profesionales y ciudadanos".