La Junta traslada al PP-A que identificar a altos cargos defendidos por la administración autonómica vulneraría la ley

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha trasladado al PP-A que identificar a altos cargos defendidos por los letrados de la administración autonómica o a los que se le ha abonado la defensa jurídica vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía.

Así se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, en varias respuestas parlamentarias ante iniciativas sobre este asunto registradas por la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero y a las que ha tenido acceso Europa Press.

En las citadas respuestas, Jiménez Barrios alude al artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal que recoge que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado".

Seguidamente, el número dos del Gobierno andaluz argumenta que la Junta "no cuenta con el consentimiento de los posibles interesados para ceder la información interesada, ni dispone de un instrumento jurídico o marco legal que le habilite a solicitar dicho consentimiento".

También esgrime que el artículo 7.1 del Reglamento del Parlamento indica que "para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo conocimiento de su respectivo grupo parlamentario,
tendrán la facultad de recabar de las administraciones públicas de la Junta los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas administraciones, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal".

Por todo ello, Jiménez Barrios ha manifestado que "al no contar con el consentimiento de las personas afectadas ni disponer de un instrumento jurídico que habilite a la administración autonómica a solicitar dicho consentimiento, no concurren los presupuestos necesarios para poder ceder la información solicitada, vulnerando la Junta de Andalucía, en caso de hacerlo, las garantías legalmente establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto en el propio Reglamento del Parlamento de Andalucía".

ABSTENCIONES DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

En respuesta a otra pregunta formulada por Ruiz-Sillero sobre el número de abstenciones de miembros del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta ha señalado que la información facilitada a no puede facilitarse por prohibirlo expresamente la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece que en todo caso, las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto, estando obligados sus integrantes a mantener dicho carácter, aun cuando hubieran dejado de pertenecer al Consejo de Gobierno.

Junto a ello, ha apuntado que esta preservación del secreto de las deliberaciones desarrolladas en el seno del Consejo de Gobierno
andaluz es similar a la establecida por la Ley del Gobierno, para el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en virtud de lo prescrito en los artículos 5.3, 6.5 y 8.4.