La ministra de Justicia, Pilar Llop, atiende a los medios de comunicación tras el acto oficial de inauguración del curso de verano 'Mujeres y justicia' en la sede de la UPO en Carmona, a 4 de julio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, atiende a los medios de comunicación tras el acto oficial de inauguración del curso de verano 'Mujeres y justicia' en la sede de la UPO en Carmona, a 4 de julio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press
Publicado: lunes, 4 julio 2022 17:02

Se concederán un total de 245 ayudas con una cuantía de 6.611 euros anuales para cada uno de los becados

MADRID/SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Jurídicos, adscrito al Ministerio de Justicia, ha recibido un total de 862 solicitudes de ayudas económicas --de las que 194 proceden de Andalucía-- para la preparación de oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y en el cuerpo de abogados del Estado.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, el departamento dirigido por Pilar Llop ha informado de que para este programa de becas los solicitantes han sido mujeres de forma mayoritaria: 683 (el 79,23% del total), por las 179 solicitudes de hombres (un 20,77%).

Esta mayoría se mantiene en las solicitudes para el acceso al cuerpo de letrados de las Administración de Justicia, con el 84,40% del total (119 solicitudes frente a las 22 de los varones). Solo se ha registrado mayor porcentaje de solicitudes de hombres en el cuerpo de abogados del Estado, donde las 21 solicitudes masculinas recibidas han supuesto el 61,76% del total, frente a las 13 solicitudes femeninas.

Por carreras y cuerpos, la mayor parte de solicitudes de becas --687 de las 862 totales (el 79,70%)-- se han presentado para preparar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal. Para el acceso al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia son 141 las solicitudes de ayuda recibidas (un 16,36% del total), mientras que, para el cuerpo de Abogados del Estado, las solicitudes han llegado a 34 (el 3,94%).

Según los datos facilitados por Justicia, por comunidades autónomas, Andalucía --con 194 solicitudes--, la Comunidad Valenciana --con 118--, y Madrid --con 102-- son las regiones con mayor demanda de estas becas.

PALIAR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS

El objetivo de este programa puesto en marcha por el Ministerio es, según explica Llop, "facilitar el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica, porque la falta de recursos económicos en las familias es un obstáculo".

Según la ministra, que ha valorado estas becas en una atención a medios en Carmona (Sevilla), al participar en uno de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), estas ayudas suponen "un paso crucial para empezar a democratizar el acceso a puestos que requieren de una oposición dura, larga y muy exigente".

"Por eso, la concesión de estas becas viene determinada, en gran medida, por el nivel de renta de los solicitantes, aunque también se tienen en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo o la superación de exámenes propios del proceso selectivo", añaden desde el departamento de Justicia, recordando que también "se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%".

La convocatoria de 2022 contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros, alcanzando los 6.611 euros anuales para cada ayuda. Del total de becas convocadas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado.

Estas becas, señala el Ministerio, consisten en ayudas económicas directas a los beneficiarios, para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición. Será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.

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