JAÉN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 ha autorizado al Ayuntamiento de Jaén para que adjudique el contrato puente con el que dar paso a una nueva empresa que preste el servicio de transporte urbano por autobús en la ciudad "tras seis décadas sin contrato en vigor con la actual prestataria, Autobuses Castillo".
Así lo ha indicado este viernes en un comunicado el Ayuntamiento, desde el que se ha recordado que el equipo de gobierno (PSOE-Cs) solicitó la ejecución de la sentencia que declaró nulo el contrato con el que durante 60 años se ha realizado por parte de la empresa Castillo el servicio de transporte urbano en la capital, "una prestación realizada además con una evidente baja calidad".
El pasado año, el Ayuntamiento de Jaén declaró en pleno en el mes de septiembre la nulidad del contrato con la empresa tras un "demoledor" informe del Consejo Consultivo de Andalucía (cuyos dictámenes son preceptivos y vinculantes) solicitado por el equipo de gobierno.
"Este órgano consideraba vulnerados los principios más básicos de concurrencia en la licitación desde hace 60 años, incluida la prórroga que por 30 años se dictaminó en la etapa de gobierno del PP por decreto del alcalde (2005), órgano además no competente para este trámite", ha explicado.
Contra este acuerdo de nulidad, Castillo inició acciones judiciales encaminadas a revertir la decisión municipal de nulidad y a impedir que el Ayuntamiento procediera a adjudicar mediante contrato puente el servicio mientras se licitaba el contrato definitivo por diez años.
Aunque cabe recurso de apelación por parte de Castillo, el Ayuntamiento de Jaén "tiene desde ayer vía libre para adjudicar el contrato puente que había sido paralizado". Con él, según ha valorado, la ciudad tendrá por primera vez en 60 años una nueva empresa que preste el servicio de transporte por autobús urbano. El Consistorio adjudicará el contrato puente entre las empresas que presentaron en su momento la correspondiente oferta.
Cabe señalar, por otro lado, que la decisión judicial se conoce unos días después de lo ocurrido el pasado 24 de agosto, cuando la plantilla, sin ningún tipo de aviso previo y sin servicios mínimos, decidió no prestar el servicio para exigir que se les abonara lo que les faltaba de la nómina de julio.
Una situación por la que se abrirá un expediente sancionador a la empresa y ante la que el alcalde, Julio Millán, ha pedido de forma reiterada a Castillo que abandone el servicio si no cumple con sus obligaciones con la ciudad y los trabajadores. A su juicio, además, estos hechos "estuvieron instigados, promovidos, coordinados, apoyados, facilitados por la propia empresa Castillo".
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