GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha acogido este miércoles el juicio contra el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado (PSOE), por un presunto delito de prevaricación medioambiental por el que se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante otros siete años.
La causa gira en torno a los ruidos que durante "años" habría sufrido una vecina del municipio a raíz de las obras de ampliación de un supermercado de la localidad, un asunto por el que están acusados tanto el responsable del local, supuestamente por actuar sin permisos, como el regidor, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía cree que existió "pasividad" por parte del Ayuntamiento y una "omisión absoluta" de sus obligaciones "durante años" haciendo "caso omiso de las quejas y reclamaciones de la perjudicada". Aunque se dictaron resoluciones por parte del alcalde, el fiscal matiza que "no se dio cumplimiento de las mismas ni se ejecutaron las medidas que permitieran el cese de la actividad" y "por tanto obedecieron a la voluntad de crear la apariencia de que el Ayuntamiento actuaba".
El regidor ha negado estos extremos ante el juez y ha defendido la "actuación absolutamente correcta" del ayuntamiento en este asunto, incidiendo en que los técnicos y él mismo han trabajado intensamente en este asunto que ha sido objeto de "numerosas reuniones", un "laborioso expediente" y en el que se han llegado a realizar "trece estudios acústicos con seis empresas diferentes" que "han salido favorables".
En declaraciones a Europa Press, Delgado ha vinculado esta causa con una "enemistad" entre el dueño del supermercado y la vecina afectada, que según ha dicho ha puesto impedimentos para realizar las mediciones de ruido en su domicilio y a la que a su vez ha vinculado con el PP. "Es una manipulación política, han aprovechado una enemistad manifiesta para desprestigiarme", ha relatado el regidor tras declarar en el juicio, que ha quedado visto para sentencia.
El alcalde ha dicho salir "satisfecho" del juicio porque "se ha demostrado que el ayuntamiento actuó correctamente". La Fiscalía pide para el dueño del supermercado tres años de prisión y otros tres de inhabilitación para su oficio por un delito contra el derecho fundamental al medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
Ambos se enfrentan a multas de 12.000 euros y a una indemnización conjunta de 20.000 euros a la afectada, pues entiende el fiscal que su exposición continuada a los "ruidos ilícitos" producidos por el establecimiento "ha generado una posibilidad de grave perjuicio" en su salud.