Juicio al alcalde de Armilla (PSOE) por la adjudicación de las obras de una rotonda

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge desde este lunes el juicio contra el alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en la adjudicación presuntamente irregular de unas obras en una rotonda de acceso a la localidad, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de
cuatro años de cárcel.

El fiscal también solicita en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, 16 años de inhabilitación para el regidor y pide las mismas penas para el gerente de la empresa mixta Armigesa y para el jefe del área de Urbanismo, a los que atribuye los mismos delitos que a Sánchez.

La causa fue archivada en su momento por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, pero se reabrió a raíz del recurso presentado por el PP de Armilla, partido del que inicialmente partió la denuncia cuando estaba gobernando en el Ayuntamiento de la localidad bajo la presidencia del 'popular' Antonio Ayllón.

Los hechos se remontan a marzo de 2010, cuando el alcalde de Armilla --y también presidente del consejo de administración de Armigesa-- y el gerente de la entidad, ambos acusados, decidieron ejecutar con cargo a los fondos públicos del Ayuntamiento las obras de remodelación y ajardinamiento de la rotonda existente en el término municipal, bajo la A-44, en unos terrenos cuya titularidad es el Ministerio de Fomento.

Sostiene el fiscal que lo hicieron "prescindiendo de todas y cada una de las garantías del procedimiento administrativo preceptivamente aplicable a la envergadura y naturaleza de las obras", eludiendo de forma fraudulenta la normativa.

El proyecto fue objeto de una memoria de actuaciones suscrita el 21 de abril de 2010 por la mercantil FCC --socio privado en la empresa mixta Armigesa-- y, por "decisión unilateral" del regidor, que lo encargó a esta misma sociedad, de otra 'memoria valorada' inicialmente presupuestada en 292.786 euros que se decidió llevar adelante para ser ejecutada con los recursos humanos y logísticos de FCC como subcontratista.

Esto se tomó por decisión de Armigesa, "sin someterse a ningún procedimiento negociado de licitación, consignación presupuestaria previa, ni fiscalización y contabilización del gasto previsto y de la ejecución del mismo", no existiendo además expediente y contando con la aprobación "de facto" del jefe de área de Urbanismo, un cargo de libre designación. Esta persona también está acusada al entender el fiscal que pese a conocer estos "reparos" en la tramitación del proyecto no se opuso e "impulsó materialmente" su ejecución.

Para "justificar" esta actuación en terrenos que eran de titularidad estatal, el alcalde solicitó autorización al Ministerio de Fomento para llevarla a cabo, permiso que recibió una vez que ya habían culminado las obras con un coste de 276.259 euros y dos días después de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2011.

Por su parte, la empresa mixta Armigesa cambió sus estatutos para poder actuar incluso fuera de la demarcación propia del municipio y poder legitimar así la realización de estas obras en unos terrenos del Ministerio de Fomento.

Sostiene la Fiscalía que, con el objetivo de que el proyecto sorteara el control de los órganos de gobierno del Ayuntamiento, "no existió licencia de obras alguna, por entenderla los acusados innecesaria; como también se tuvo por innecesaria la licencia urbanística, cuyo lugar ocuparía la 'memoria valorada'".

En diciembre de 2011, Armigesa giró contra el Ayuntamiento de Armilla su factura de 276.259 euros, ante lo que expuso reparos la secretaría por no constar expediente; el arquitecto técnico de la corporación, al no poder visar ni la factura ni las certificaciones de obra emitidas, y el interventor, por haberse prescindido de los requerimientos presupuestarios y contables, así como del trámite de previa fiscalización.

La Fiscalía considera que los hechos descritos son constitutivos de dos delitos contra la Administración Pública, uno de prevaricación administrativa perpetrado por funcionario público y otro de malversación de caudales públicos.

Por el delito de prevaricación solicita para los tres acusados la pena de ocho años de inhabilitación y por el de malversación cuatro años de prisión y otros ocho de inhabilitación.