Juzgan este martes a acusados de la supuesta "descapitalización absoluta" de una empresa plástica en Granada

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga desde este martes a varios acusados para los que la Fiscalía ha pedido penas de siete y ocho años de prisión por la supuesta "descapitalización absoluta" de una empresa, Especialidades Plásticas del Sur, de la que fueron socios, administradores y consejeros.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, en diciembre de 2009, la sociedad fue vendida a una de los procesados, en una operación que "no trascendió a los registros oportunos" y "además, a efectos de sus relaciones con terceros", los administradores originales "seguían de hecho al frente de los órganos de administración y dirección".

En ese periodo, y "de forma consciente y voluntaria", se desarrollaron actividades que originaron "la descapitalización absoluta de la mercantil, impidiendo que la misma pudiera realizar actuaciones tendentes a realizar el pago a sus respectivos acreedores".

Se trataba, según los hechos descritos por el fiscal, de "mantener un volumen de gasto en el desempeño de sus actividades igual o superior al que tenía --la sociedad-- cuando su actividad económica era plena" en el año 2007.

Desde el año 2008 y hasta la declaración del concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, en 2010, "la actividad económica de la misma fue progresivamente reduciéndose hasta ser casi inexistente" y todo ello "sin que la reducción de dicha actividad fuera acompañada de una reducción del gasto".

Así, "los acusados iban paulatinamente incrementando su sueldo, a la vez que despedían a más trabajadores agravando por tanto la situación" de la empresa, detalla el fiscal, que agrega que, "a pesar de ser la compra de materia prima semejante a años fructíferos, el volumen de facturación se ve reducido por realizar la venta de sus productos a empresas vinculadas al grupo" en las que los querellados tenían acciones, participaciones o intereses comerciales, "y a un precio inferior al que habría correspondido en el mercado".

Se reducía de este modo "el capital de la empresa que podría destinarse al pago de sus acreedores" y "su capacidad para obtener beneficios".

Hasta la declaración de concurso los acusados propiciaron, siempre según el fiscal, que varias mercantiles adquirieran con Especialidades Plásticas del Sur varios créditos por 703.934, 990.784 y 7.426.405 euros.

Se realizaban supuestamente operaciones de compra de materias primas con dichas mercantiles posponiendo el pago a través de la emisión de pagarés que "no eran satisfechos sino que eran renegociados por la querellada" a la que fue vendida la empresa.

Los negociaba con las personas que terminaron presentando querella por los impagos a los acusados por la Fiscalía, cuatro hombres y dos mujeres.

La principal acusada, para la que el fiscal pide un total de ocho años de cárcel, "tenía conocimiento de la existencia de estos pagarés" y en el momento de la adquisición de la empresa "se comprometió a realizar el pago en el plazo de seis meses, cosa que no solo no hizo, sino que tal circunstancia fue agravada manteniendo la actividad empresarial hasta que fue necesaria la declaración de concurso".

Esta misma mujer realizó, según el fiscal, "un acto de distracción de maquinaria que pertenecía al patrimonio de la citada empresa" el cual se valoró contablemente con un precio superior a las 600.000 euros, incluido un coche, mientras que su valor total fue concretado por la administración concursal en un valor próximo a los dos millones de euros.

Antes la propia empresa había cedido como "dación en pago" algunas otras máquinas a sus acreedores si bien el fiscal considera que queda "acreditado" que, posteriormente, esta acusada distrajo parte de la maquinaria llevándola en un camión a una empresa suya sita en un polígono industrial de Murcia; por ello responderá de un supuesto delito de apropiación indebida por el que se le pide un año más de cárcel que al resto de procesados.

Por los supuestos delitos concursal y de estafa, a los siete años de cárcel que para cada uno de los acusados pide el fiscal se suma una petición de multas de un total de 12.000 euros para cada uno.