GRANADA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Granada juzga este viernes a diez personas, entre ellas tres mujeres, para las que la Fiscalía pide penas de hasta diez años de cárcel por supuesto tráfico de cocaína y hachís, coordinados desde Churriana de la Vega, en el área metropolitana de Granada, por uno de ellos y otro individuo que se dio a la fuga.
En su escrito de acusaciones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que el acusado H.R.S., para que el que se piden diez años de cárcel, de 39 años y nacionalidad dominicana, "desempeñaba las funciones de mando" en estas labores, que comienzan aproximadamente en noviembre de 2015, apoyándose en otros acusados que tenían viviendas arrendadas en Churriana de la Vega. Todos los acusados, que habrían tenido "ánimo de aumentar injustamente su patrimonio", se enfrentan al pago de multas de 68.000 euros de resultar condenados.
Efectuaban supuestamente numerosos viajes a Madrid y Barcelona, y también a Benalúa, en Granada, y Pozo Alcón (Jaén), municipios estos dos últimos donde tenían su domicilio tres de los procesados, con el "objetivo de aprovisionar a todos ellos de sustancias estupefacientes" para su venta a terceros. Un acusado colaboraba "en la búsqueda de posible clientela por la zona del levante".
Otra de las acusadas fue sorprendida, con H.R.S. --que, con otros tres acusados, está privado de libertad por estos hechos desde finales de abril de 2016-- en el aeropuerto de Málaga cuando facturaba para emprender viaje a Suiza "con el objetivo de distribuir allí las sustancias estupefacientes", portando "en su ropa interior y adherida al cuerpo 17 cápsulas" de cocaína.
Con fecha 30 de abril de 2016, la Guardia Civil registra los domicilios de Churriana de la Vega, Benalúa y Pozo Alcón, incautándose de numerosos materiales para la manipulación y adulteración de la droga. También se hallaron un sobre con 5.950 euros, y 9.305 euros distribuidos en distintos billetes y lugares de una de las viviendas.
La droga resultante de las inspecciones habría tenido un valor en el mercado ilícito de 67.446 euros, siendo para el fiscal estos hechos constitutivos de supuestos delitos contra la salud pública, por el que se piden penas de entre cinco y tres años de prisión a los acusados, y de asociación ilícita, por el que se piden penas de cinco y tres años de prisión.
Está previsto que los hechos sean juzgados entre el 1 y el 5 de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.