Liberadas en Granada cinco víctimas de trata que habían sido obligadas a prostituirse

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada han liberado a cinco mujeres víctimas de la trata de seres humanos que habían sido obligadas a prostituirse, en el marco de una operación en que han sido arrestadas dos mujeres de nacionalidad española y origen brasileño de 56 y 49 años, una de ellas con antecedentes policiales como presunta autora de explotar sexualmente de manera reiterada a extranjeras en situación irregular.

Se han realizado dos registros domiciliarios en los que se ha intervenido documentación relativa a la actividad, teléfonos móviles y 480 euros. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de las dos detenidas, según ha informado este lunes la Policía Nacional en una nota de prensa.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras iniciaron la investigación el pasado mes de marzo una vez que detectaron lo que parecía ser la reanudación de actividad de prostitución y tráfico de drogas en un inmueble cercano a la plaza de la Caleta. Dicho lugar ya había sido objeto de investigación en septiembre del pasado año, cuando fueron detenidas siete mujeres, entre ellas una española de origen brasileño que regentaba como arrendataria el inmueble en el que, en ese momento, eran explotadas sexualmente hasta diez féminas que fueron liberadas.

En los registros realizados en su domicilio y en el piso, los agentes intervinieron documentación relativa a la ilícita actividad, 26.000 euros en efectivo y cocaína, que podrían ser "indicadores de la trata de seres humanos, prostitución coactiva" y, según el testimonio ofrecido por el total de las mujeres que eran objeto de explotación sexual, también de "tráfico de drogas".

Después de finalizar el periodo de prisión preventiva dictaminado por la autoridad judicial para las siete mujeres, la mencionada arrendataria y principal investigada, habría reanudado la actividad delictiva consistente en captar a ciudadanas extranjeras en situación irregular mediante anuncios en páginas web de contenido sexual, ofertando una plaza en la ciudad de Granada, en la que ganarían mucho dinero, tendrían libertad de horarios y elección de clientes.

Una vez que las trabajadoras aceptaban "las condiciones engañosas ofrecidas como gancho" por la presunta proxeneta, eran alojadas en el mismo inmueble donde debían supuestamente prostituirse "las 24 horas del día, los siete días de la semana". Además les habría retirado los pasaportes con el pretexto de que ella "debía tenerlos por si era inspeccionada por la policía" poder "decir que les alquilaba habitaciones para residir y prostituirse libremente, cuando en realidad no les permitía salir a la calle más que dos horas al día, coincidiendo con el periodo de menor afluencia de clientes y sin poder alejarse una distancia que les llevara más de diez minutos regresar". Tampoco les habría permitido rechazar a ningún cliente y si incumplían estas normas las echaba a la calle.

Según el contenido de la investigación, las mujeres debían, además, ofrecer sustancias estupefacientes a los clientes que eran facilitadas por la madame y una mujer de confianza que hacía las veces de encargada o "mami" en ausencia de la primera. La responsable de la casa obtenía el 40 por ciento de los servicios de prostitución realizados por las mujeres, mientras que debían entregarle la totalidad del precio estipulado por las drogas.

Las detenidas, quienes también en su día habían ejercido la prostitución, se aprovechaban además de las circunstancias personales, familiares y sociales de sus explotadas, dado que conocían que carecían de residencia legal, tenían hijos menores a su cargo, ignoraban la legalidad española y estaban en riesgo de exclusión social.

Los agentes han registrado nuevamente el domicilio de la presunta proxeneta y el piso donde las mujeres eran explotadas y han intervenido nuevamente documentación relativa a los hechos investigados, varios teléfonos móviles y 480 euros en efectivo. Las dos arrestadas ya han pasado a disposición de la autoridad judicial quien ha decretado su ingreso en prisión.