La Junta atribuye al servicio jurídico la petición de cárcel a Fernández por los ERE

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha defendido este jueves que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía son "absolutamente independientes", con lo que "tendrán sus razones" al haber solicitado seis años y medio de cárcel, 30 años de inhabilitación y una multa de 817.180,37 euros para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a cuenta de la presunta trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

"El servicio jurídico de la Junta no sigue directrices políticas de la Junta ni de nadie, es absolutamente independiente, un cuerpo muy potente de juristas muy bien formado", ha dicho De Llera en declaraciones a los medios de comunicación, razonando que la representación de la Junta en la citada investigación "tendrá sus razones" para solicitar dichas penas para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, por la ayuda sociolaboral concedida a la empresa Acyco,

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pide para el exconsejero seis años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y seis meses de cárcel, 817.180,37 euros de multa e inhabilitación por tiempo de cuatro años por un delito de tráfico de influencias.

TAMBIÉN GUERRERO

De igual modo, la Junta acusa a otras ocho personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para el que pide cinco años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, y seis meses de cárcel, multa de 707.560,37 euros y tres años de inhabilitación por tráfico de influencias.

Asimismo, también acusa al ex director general de Trabajo Juan Márquez, para el que pide tres años de prisión y 13 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación.

El resto de acusados son la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, para la que pide tres años y nueve meses de prisión; el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, que se enfrentan a tres años de cárcel; un 'intruso', para el que pide dos años de prisión; y dos extrabajadores de Vitalia para los que solicita tres años de cárcel.

La Junta pide que los acusados, además, indemnicen a la Administración autonómica de manera solidaria con un total de 612.884 euros.

Se trata de la primera vez en que, dentro del caso ERE, la Junta solicita una pena de prisión o inhabilitación para algún ex alto cargo de la propia Administración autonómica, pues cabe recordar que anteriormente pidió el archivo de la pieza del procedimiento específico, en la que hay encausados un total de 26 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Junta exculpa en la pieza separada de Acyco al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano, al considerar que "no son autores" de los delitos referidos.