Luciano Alonso dimitirá el jueves como diputado del PSOE-A tras fijarse su juicio

El ex consejero toma esta decisión "en cumplimiento del código ético" del PSOE

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex consejero de Educación, Cultura y Deporte y parlamentario del PSOE-A Luciano Alonso ha anunciado que presentará su dimisión tras el último pleno del año parlamentario, fijado para los próximos miércoles y jueves, después de que el TSJA haya señalado para el 30 de enero el inicio del juicio contra él por presunta prevaricación administrativa en relación a los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.

En un comunicado remitido a Europa Press, Luciano Alonso, para quien la Fiscalía Superior de Andalucía solicita 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, dice que toma esta decisión "en cumplimiento del código ético" del PSOE, y todo ello después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA haya señalado el juicio contra él para los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero del próximo año 2017.

En este sentido, recuerda que, "en este duro trance vital, en el que la asunción y cumplimiento de esa exigencia ética" le lleva a cesar en el ejercicio "del noble oficio de la Política con mayúsculas, entendida como servicio al ciudadano", ve "necesario" recordar que el juicio "versará únicamente sobre si pudo aplicarse indebidamente un precepto legal que permite reasignar funciones de los empleados públicos en función de la mejor y más eficiente organización del departamento".

Asimismo, manifiesta que la investigación se inició por la Fiscalía "por noticias de prensa", una práctica "desaprobada" por doctrina consolidada del Tribunal Supremo, y agrega que, "como ya es conocido, fue descartada judicialmente la inicial acusación del fiscal por un delito de malversación de fondos públicos, por lo que en este caso ni se trata propiamente de un juicio por corrupción, ni cabe hablar de 'empleados fantasmas', ni ha habido beneficio o lucro por parte de nadie".

"DOLOR Y DESÁNIMO"

"Es obligado resaltar que ha sido ya también establecido judicialmente que todos los nombrados, como empleados eventuales o de confianza, respecto de los que no es exigible la idoneidad, desempeñaron con acierto y dedicación las funciones de interés público que les fueron encomendadas", explica el ex consejero.

Para finalizar, "quisiera finalmente sobreponerme al dolor y al desánimo de este momento, reiterando que siempre he actuado convencido de la plena legalidad de los nombramientos, cuya única finalidad fue la mejor y más eficiente defensa de los intereses de los ciudadanos".

Para ello, y según expone en la nota remitida a Europa Press, "mantendré integra mi confianza en la Justicia asentada en la alta cualificación de los magistrados, garantes de nuestros derechos y de nuestro sistema de convivencia, ante quienes compareceré para aclarar y poner fin a esta primera y única incidencia judicial en mi larga trayectoria política".

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ya afirmó que si se abría juicio oral contra Luciano Alonso se le aplicaría el código ético del partido, aunque también destacó que siempre hay que tener en cuenta el principio de presunción de inocencia.

LA FISCALÍA RECLAMA 14 AÑOS DE INHABILITACIÓN

Respecto al juicio, está previsto que el día 30 de enero declare el acusado y seis testigos propuestos por el Ministerio Fiscal, mientras que el día 31 de enero declararán otros seis testigos propuestos también por la Fiscalía y tres propuestos por la defensa, tras lo que tendrá lugar la prueba documental.

Ya el 1 de febrero, tendrán lugar las conclusiones y los informes de las partes, todo ello en un juicio que estará presidido por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, junto con el magistrado de la Sala Civil y Penal, Juan Ruiz-Rico, así como la magistrada de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA que por turno le corresponda.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex consejero y actual parlamentario socialista andaluz, que, por su parte, ha pedido su libre absolución y ha negado que firmara los tres nombramientos investigados con el objetivo de "beneficiar a personas del PSOE".