Maeztu abre una queja sobre los riesgos de Doñana y las medidas para mejorar su protección

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para conocer la "entidad real" de los riesgos a los que está sometido el territorio de Doñana y las medidas que se deben adoptar para mejorar la protección del espacio natural.

En este sentido, la institución precisa que esta actuación se inicia con el objetivo de ofrecer "una total transparencia" sobre la situación del espacio natural, aportando a la ciudadanía información "veraz y clara" sobre la misma. Al mismo tiempo, añade que pretende que "en un futuro se deseche, definitivamente, cualquier proyecto e iniciativa que pueda poder en riesgo su adecuada conservación".

Así, en el texto de la queja, consultado por Europa Press, la Defensoría señala que con frecuencia se ve en los medios de comunicación noticias que hacen alusión a diferentes afecciones o riesgos, ya tengan su origen en causas naturales, ya en la acción del hombre, que "pueden poner en peligro la conservación de este espacio único".

De este modo, la institución considera que "es muy necesario" que en Doñana "se despejen las dudas sobre los riesgos que se ciernen sobre la conservación del Parque Nacional de Doñana y su entorno y se mantenga informada a la ciudadanía de manera objetiva y transparente sobre su situación actual".

Ello, añade la Oficina del Defensor, porque se trata de un espacio natural que, no en vano, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y algunos de sus espacios forman parte de la Red Natura 2000.

Sin embargo, lamenta que el reconocimiento mundial de su singularidad "no ha evitado que en su entorno se realicen actuaciones o se proyecten infraestructuras que, año tras año, vienen siendo, no obstante la discrepancia que suscitan, motivo de alarma: la ruptura de la balsa de Aznalcóllar; el fallido proyecto del oleoducto y refinería de Balboa que, afortunadamente, ya pasó a la historia; el dragado del río Guadalquivir; la sobrexplotación del acuífero con centenares de pozos ilegales; los proyectos turísticos ejecutados y los que quedaron aparcados; el gaseoducto que, en algunos de sus tramos, ha sido informado favorablemente; la conexión por carretera Huelva y Cádiz, que suscita una gran polémica cada vez que se menciona por su incidencia en el Parque; etcétera".

Para el Maeztu, se trata de noticias que "generan una inquietud muy justificada, habida cuenta de que, con frecuencia, ha sido el movimiento ecologista, la sociedad civil, los medios de comunicación, quienes han frenado propuestas que habían recibido todas las bendiciones en los despachos públicos por su ejecución, pero que los poderes públicos tienen la función constitucional de tutelar los derechos de la ciudadanía y, singularmente, el derecho a un medio ambiente adecuado que, en el caso que nos ocupa, se centra la en la protección de los valores inherentes al parque".

"La motivación esgrimida en todos estos proyectos, al menos la motivación pública, suele ser la necesidad de potenciar las actividades económicas relacionadas con el empleo, tan necesario en nuestra comunidad", pero, sin embargo, añade el Defensor, "sabemos que el desarrollo económico que no es compatible con el respeto a los valores ambientales no es sostenible".

De este modo, añade que con frecuencia, "las actuaciones que no han tenido presente la cuestión ambiental a medio y largo plazo lo que han traído consigo ha sido destrucción de espacios de extraordinario valor ecológico, modelos de desarrollo urbanístico que han provocado el rechazo con el paso de los años y la conversión de un territorio de alto valor ambiental y gran futuro para una economía sostenible en modelos territoriales que, en la actualidad, genera un rechazo universal por haber terminado siendo espacios de especulación, que han originado un desarrollo urbanístico caótico y sin futuro".

Por todos estos motivos, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz va a iniciar una actuación de oficio tanto ante órganos autonómicos como dependientes de la Administración General del Estado, con objeto de ofrecer "una total transparencia" sobre la situación del espacio natural, aportando información "veraz y clara" sobre la misma.