Maeztu investiga las "incidencias" de la apertura de juzgados especializados en cláusulas suelo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Justicia e Interior interesándose por el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia de Andalucía que han sido designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su especialización en los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras públicas.

La medida entró en vigor este jueves 1 de junio y, según apunta la Defensoría, con esta actuación, consultada por Europa Press, quiere conocer la aportación de la Administración andaluza a través del departamento que dirige Emilio de Llera en la puesta en marcha de estas medidas organizativas, ya que, apunta, en este primer día de aplicación "se han producido diversas incidencias en relación con su efectiva puesta en marcha".

"Las reacciones de los operadores jurídicos han sido unánimes en relación con el desconcierto provocado por no estar listos y las críticas generalizada por la falta de medios", señala la institución en el texto de la queja.

En este sentido, precisa que en Sevilla, las asociaciones de jueces mayoritarias, abogados, procuradores y la representación sindical de los empleados de la Administración de Justicia, junto al juez decano, "ratifican estas críticas y evidenciaban una aparente falta de previsión y de organización", toda vez que matiza que aunque estas reacciones se refieren al caso de Sevilla y también Málaga, "pueden extenderse a las restantes sedes afectadas por estas medidas organizativas".

En Andalucía, los órganos a los que se atribuyen estas competencias especiales son el Juzgado de Primera Instancia 7 de Almería; el Juzgado de Primera Instancia 2 de Cádiz; el Juzgado de Primera Instancia 9 de Córdoba; el Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada; el Juzgado de Primera Instancia 6 de Huelva; el Juzgado de Primera Instancia 2 de Jaén; el Juzgado de Primera Instancia 18 de Málaga; y el Juzgado de Primera Instancia 10 de Sevilla.

Así, la Oficina del Defensor señala que aunque "son conscientes de que el origen de tales criterios nace en el propio CGPJ", también han tenido conocimiento de reuniones de trabajo del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en la materia.

En concreto afirma que el pasado miércoles tuvo lugar una reunión de la comisión de coordinación CGPJ-Justicia-CCAA en la sede del órgano de los jueces para tratar el plan de urgencia aprobado el pasado jueves 25 de mayo por la Comisión Permanente para hacer frente "al previsible aumento de litigios sobre cláusulas suelo abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo".

De este modo, la institución manifiesta que "siendo conscientes de la complejidad" de la toma de decisiones en el ámbito de la Administración de Justicia --donde interfieren una multitud de aspectos competenciales referidos a la atribución de asuntos, medios personales de funcionarios, los titulares judiciales o LAJ, sedes, recursos técnicos, etcétera, que dependen de diferentes instancias-- le interesa conocer la aportación de la Administración andaluza a través de la Consejería de Justicia en la puesta en marcha de estas medidas organizativas.

Es por ello que a través de investigación de oficio, el Defensor del Pueblo Andaluz solicita informe sobre "la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos".