El Defensor del Menor pide un registro específico sobre casos de acoso escolar o ciberacoso

El Defensor del Menor abrió en 2016 un total de 41 quejas por casos de acoso escolar, lo que supone casi el doble de las de 2015, con 22

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha mostrado su preocupación por que la Consejería de Educación, hasta la fecha, no haya sido capaz de contabilizar los casos de acoso o ciberacoso, también los de violencia de género, que se producen en los colegios e institutos andaluces, por lo que pide a la Administración educativa que modifique el actual sistema informática Séneca o cree un registro específico sobre supuestos de acoso escolar y ciberacoso en Andalucía, toda vez que propone realizar estudios epidemiológicos "rigurosos y periódicos" sobre la incidencia real y evolución de este fenómeno en todos los centros, así como la aprobación de un Plan integral de convivencia escolar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

   Así se recoge en el informe especial 'Acoso escolar y ciberacoso. Prevención, detección y recuperación de las víctimas', que el Defensor del Menor ha entregado este lunes al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, y que ha sido realizado ante la "escasa efectividad de las respuestas que se están ofreciendo a nuevas realidades como el ciberacoso, la violencia de género en las aulas, o el incremento de los casos a edades cada vez más tempranas", y "al no poder conocer la incidencia real de la violencia entre iguales por no contar la Administración educativa con un sistema apropiado de recogida de datos". "Es muy importante poner luz en el tema del acoso", subraya.

   En este sentido, el Defensor del Menor abrió en 2016 un total de 41 quejas por casos de acoso, lo que supone casi el doble de las de 2015 --un total de 22--, mientras que el año pasado recibió 56 consultas por este mismo tema, puesto que, afirma Maeztu, "existe mayor conciencia social de los efectos del acoso escolar", al tiempo que señala que "hay conciencia de que este acoso tiene muchos instrumentos, pero hace falta formación y presupuesto" para la puesta en práctica de todas las medidas del protocolo existente al respecto. Por su parte, en 2012 los expedientes iniciados fueron 25; en 2013, 21; y en 2014, nueve.

   No obstante, Maeztu --que asegura que "no se puede afirmar que en las actualidad la situación de los centros escolares en Andalucía sea alarmante"-- señala que el acoso es todavía una realidad que "permanece oculta en muchos casos" porque "desconocemos cuántos menores están sufriendo en silencio la violencia, bien por miedo a las represalias o bien porque desconocen que lo que está ocurriendo es un caso de maltrato". Además, apunta que "algunos colegios son reticentes a comunicar oficialmente los supuestos de acoso por lo que ello pueda suponer de desprestigio", una "pasividad o desidia" por parte de los centros que "constituyen uno de los principales motivos de queja de las familias", precisa, y lamenta que Educación "solo contabilice el número de agresores, olvidándose de contabilizar a las víctimas".

   De este modo, y además de su preocupación por que la Junta "no haya sido capaz de contabilizar los casos de acoso o ciberacoso", el Defensor del Menor --que destaca que según datos del Defensor español, en nuestro país "existen entre un tres y un diez por ciento de casos graves de acoso escolar"-- manifiesta que erradicar las violencia en las escuelas "es una utopía" si se aborda exclusivamente desde la vertiente educativa obviando otros factores, pero, afirma, "la escuela ocupa un posición privilegiada" para luchar contra la violencia ya que "está llamada a facilitar las habilidades necesarias para comunicarse, negociar y resolver conflictos de manera más constructiva".

   Además, Maeztu advierte de que el acoso escolar "no es una moda pasajera" y que el hecho de que el acoso sea todavía una realidad oculta es responsabilidad también de los padres, que "no advierten la sintomatología", de los pediatras, por "ausencia de formación específica", y del profesorado, que por falta de formación o de herramientas para abordarlos, "no detectan los casos". Y, ante el ciberacoso, apunta que los padres "deberían ejercer una labor de supervisión y control en el uso de las TICs.

ABOGA POR UN ENFOQUE "MULTIDISCIPLINAR" DEL ACOSO

   No obstante, la Defensoría manifiesta que el abordaje del acoso "no puede realizarse exclusivamente desde la institución educativa, sino que se debe llevar a efecto con un enfoque multidisciplinar", toda vez que indica que los distintos ámbitos que atienden al alumno (educativo, sanitario y social) disponen de instrumentos que permiten intervenir ante el acoso escolar o ciberacoso, pero "no se dispone hasta la fecha de un documento que aune los esfuerzos conjuntos de todos ellos, y que determine el papel que debe desempeñar cada uno".

   De esta forma, la institución aporta 26 propuesta para hacer frente al acoso escolar y ciberacoso, y además de las ya señaladas --un registro específico, estudios epidemiológicos y un plan integral--, Maeztu defiende "un incremento de la labor de inspección" para asegurar que los responsables de los centros registran en el Séneca, o en el registro que se cree al efecto, toda la información sobre conductas contrarias a la convivencia; que se promuevan medidas de sensibilización dirigidas a la sociedad sobre este fenómeno y se incrementen las campañas publicitarias; que se promuevan medias de formación dirigidas a los profesionales, las familias y el alumnado; o mayores medidas de coordinación entre las administraciones educativas, sanitaria y social respecto de la labor preventiva.

"OBLIGATORIEDAD" DE AULAS DE CONVIVENCIA EN TODOS LOS CENTROS

   Asimismo, entre las propuestas que el Defensor del Menor recoge en este informe, están que por parte de Educación se dicten unas instrucciones en desarrollo del protocolo de actuación contra el acoso escolar que contemple las intervenciones a seguir cuando el maltrato se produzca entre alumnado de distintos centros educativos; que se dote a los centros públicos de los recursos materiales y personales necesarias para poner en práctica las medidas del protocolo de actuación tras detectar la existencia de acoso en el centro; o que se valore la conveniencia de modificar los Decretos 327/2010 y 328/2010 para establecer la "obligatoriedad" de crear aulas de convivencias en todos los centros.

   Maeztu aboga también por el hecho de que los centros dispongan de mecanismos de denuncia de acoso escolar y ciberacoso de fácil acceso para el alumnado y donde se garantice su confidencialidad; que por la Consejería de Justicia e Interior se proceda a modificar el Sistema informático 'Adriano' para que las Fiscalías de menores de Andalucía puedan hacer constar expresamente en los expedientes de reforma la relación de los hechos que se investigan o se instruyen con el acoso escolar y ciberacoso; o que, en el caso de los medios de comunicación, el tratamiento de la información periodística sobre los casos de acoso escolar se realice respetando la confidencialidad, intimidad de los menores afectados y evitando crear alarma social injustificada.