Maíllo insta a los grupos municipales a velar por el acatamiento de la Ley de Memoria que entra en vigor

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha remitido una carta a más de 400 grupos municipales de la coalición de izquierdas por la que les informa de la entrada en vigor, tras ser publicada en el Boletín Oficial de las Junta de Andalucía (BOJA), de la Ley de Memoria y les pide velar por el acatamiento de la misma.

Según informa la coalición de izquierdas en una nota, Maíllo insta a los grupos municipales en la misiva a exigir "responsabilidad de la administración y de la sociedad para que la norma despliegue todos sus efectos".

Además, resalta el respaldo del movimiento memorialista, implicado activamente en todo el proceso de su elaboración "y con el que siempre estaremos en deuda porque ha hecho valer los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición".

Para Maíllo, esta ley debe servir para incorporarse plenamente a los valores y a la cultura democrática, "fortaleciéndolos como base de nuestra convivencia y del respeto a los derechos humanos, al igual que se ha realizado en los países europeos de nuestro entorno", escribe.

A su juicio, conformar el relato veraz de la historia "es el mejor homenaje para honrar a quienes fueron sus protagonistas, y el mejor legado que podemos dejar a las generaciones venideras, alejándolas del totalitarismo y la equidistancia moral".

En este sentido, el líder andaluz de IU ha puntualizado que, con su entrada en vigor, los ayuntamientos andaluces estarán obligados a eliminar en un máximo de 18 meses cualquier símbolo del fascismo, iglesias incluidas. La norma establece sanciones para quienes incumplan y la pérdida de ayudas públicas por un periodo máximo cinco años.

En caso de no retirar los símbolos las multas oscilan entre los 2.001 a 10.000 euros y la Junta deberá actuar de oficio para su eliminación. Esta sanción también afectará a quienes no comuniquen el hallazgo de restos de represaliados. Las mayores sanciones se establecen para quienes construyan o remuevan sin autorización el terreno donde hubiera restos de desaparecidos.