Maíllo (IU) espera un "acuerdo" en el CPFF y pide al PP aclarar qué modelo de financiación quiere

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha confiado este lunes en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra en Madrid entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos concluya con un "acuerdo" que suponga un "incremento razonable" de los recursos y que "no haga recortes en el ámbito presupuestario".

En declaraciones a los medios con motivo de la celebración en el Parlamento andaluz de los diez años desde la aprobación de la Ley de Transexualidad de Andalucía, el líder de IU ha instado además al PP y a la Junta de Andalucía a que "diga qué quiere ser de mayor" desde el punto de vista del modelo financiero, "si quiere ser el partido que asume, en términos de lealtad institucional, el marco presupuestario expansivo para la atención a los servicios públicos o el PP que aprovecha la mayor financiación desde el Gobierno central para abrir un agujero negro con la reducción de impuestos a los ricos, que hace perder la potencialidad y el mantenimiento de los servicios públicos".

Así se ha expresado Maíllo, que ha remarcado que el PP debe dejar claro si "quiere ser el partido que aprobó la Ley de Transexualidad hace diez años o el partido que juega a ser la copia de Vox". Sobre el CPFF, la Junta de Andalucía acude a la reunión de este lunes con "un no rotundo" a la financiación "singular" para Cataluña al entender que "aumenta los privilegios a unos y los agravios a comunidades" como la andaluza.

Además, exigirá en dicha reunión, presidida por la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, una propuesta de modelo de financiación "por escrito para que podamos empezar a discutir". Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dirige Carolina España recuerdan a Europa Press que la Junta reclamará en el CPFF que "es urgente crear un fondo transitorio de nivelación para las comunidades autónomas que recibimos menos financiación que la media".

En segundo lugar, recordará a Montero que, siendo ya ministra en 2021 y antes como consejera de Hacienda de Andalucía, exigió una propuesta "por escrito" de un nuevo modelo de financiación. Lo mismo que reclamará Andalucía este próximo lunes. En relación a la financiación "singular" para Cataluña, desde el Gobierno andaluz apuntan que "la única singularidad que existe es la que reconoce la Constitución a Navarra y al País Vasco". "Nos vamos a oponer a cualquier privilegio en la financiación de una sola comunidad de régimen común porque los privilegios de un territorio se convierten en agravios para el resto".

De hecho, sobre una posible financiación "singular" para Cataluña, la Junta apunta a que afectaría a tres variables, a saber: porcentaje de cesión de los tributos ya cedidos parcialmente, como el caso del IRPF e IVA, entre otros; competencias normativas sobre estos tributos; y competencias en la aplicación de estos tributos en lo concerniente a gestión, inspección, recaudación e incluso revisión.

En cuanto a que Cataluña pudiera gestionar el cien por cien de los tributos recaudados, "no está recogido en norma estatal alguna", subrayan desde la Consejería de España, que apuntan, además, a que esto "sería la llave para una hacienda pública propia que afectaría a alrededor de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional". "Nuestra posición es contraria a esta figura, de la que no tenemos más información que los globos sonda publicados en la prensa", lamentan.

Para el Gobierno andaluz, esta posibilidad de recaudación del cien por cien de los tributos "afectaría al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y a otros principios constitucionales tributarios tales como generalidad, capacidad económica, igualdad, justicia, eficacia y eficiencia". "No hay motivos técnicos para la creación de un consorcio, sólo motivos políticos", sentencian desde Economía.

La cesión de los impuestos a Cataluña "supondría el desmantelamiento del actual sistema de financiación autonómica", al tiempo que la Junta advierte de que analistas como Fedea estiman que la financiación "singular" a la comunidad catalana "supondría detraer del sistema común alrededor de 30.000 millones de euros que dejan de destinarse a la sanidad, la educación y los servicios sociales, servicios que sostienen el estado del bienestar y que prestan las comunidades autónomas".

"Supone el fin del mecanismo de redistribución del Estado y la renuncia del Estado a recaudar impuestos en un territorio que representa casi el 20% del PIB de España", apostillan desde la Consejería, que alerta de que este mecanismo "no tiene cabida ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas --Lofca--".