El líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, en rueda de prensa
IULV-CA
Publicado: martes, 6 febrero 2018 16:42

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado este martes que en las propuestas de financiación autonómica planteadas por los grupos parlamentarios "no hay sorpresas" y ha reiterado que es fundamental poner coste a los servicios públicos por persona al año "para no trampear y determinar el criterio de población".

En rueda de prensa, Maíllo ha defendido que la propuesta de la coalición de izquierdas "es coherente" porque "no vale decir que hay un sistema de financiación injusto, una ley de estabilidad presupuestaria muy mala, pero un artículo 135 de la Constitución que había que hacerlo".

Y es que, a su juicio, "el debate político es necesario para decirle a la gente que si queremos una sanidad andaluza digna y satisfactoria, una educación que sea una base de desarrollo del nuevo modelo de Andalucía y unos servicios de dependencia que no hagan esperar a las personas que están catalogadas como tales" es necesario impugnar este "marco de recortes".

Maíllo ha explicado que IULV-CA persigue un sistema de financiación transparente, evaluable, claro, conciso y con criterios que permitan el principal objetivo que es atender a la población.

Así las cosas, el portavoz ha asegurado que su grupo parlamentario que tiene "voluntad de acuerdo" pero dentro de "un marco creíble porque a los andaluces hay que decirle la verdad".

En este sentido, ha destacado el consenso entre los grupos sobre el criterio de nivelación total, pero discrepa con los que opinan que la existencia actual de ingresos se reparta en gastos (PP-Cs).

Desde IU, en este marco, se insiste en llevar a cabo "una reforma fiscal profunda" que permita Andalucía superar su "doble infrafinanciación". Y así, defiende una reforma fiscal que complemente el sistema de financiación, una previsión de 5.000 millones que necesita Andalucía para satisfacer los servicios públicos y un suelo "en porcentaje de PIB" para sanidad, educación y servicios sociales como "garantía de ingresos".

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