Montero pide centrar el debate de financiación autonómica en las "necesidades ciudadanas"

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que el debate de la financiación autonómica debe centrarse en las "necesidades de los ciudadanos" y en la defensa del Estado de bienestar, "respetando las obligaciones de consolidación fiscal pero también las garantías y derechos de los ciudadanos".

Durante su comparecencia ante el Pleno andaluz, Montero ha dicho confiar en que el Gobierno central "cumpla su palabra" y en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará en enero, se aborde la problemática de los ingresos de las comunidades y de la regla de gasto, así como para los ayuntamientos, "de modo que puedan emplear su superávit en inversiones financieramente sostenibles en vez de tener que priorizar el pago de la deuda".

Para informar sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el pasado 1 de diciembre, Montero ha explicado que Andalucía se abstuvo en la votación sobre la ampliación en una décima del déficit de las comunidades para 2016 "porque mejoraba la previsión inicial", pero ha expresado que "no es suficiente" ya que la Administración central continúa reservándose la mayor parte del margen, "pese a que las autonomías somos las encargadas de asumir las políticas que se han visto afectadas por graves recortes y que sustentan el Estado de bienestar".

La consejera ha explicado que en los últimos años se ha impuesto una senda de consolidación fiscal "muy exigente" que además ha sido "absolutamente desequilibrada verticalmente", lo que la ha hecho "más injusta". En este sentido, ha criticado que la estrategia del Gobierno de España para contener el déficit "ha priorizado la reducción del gasto, afectando a la sanidad, educación y protección social, en lugar de impulsar una política de mejora de los ingresos públicos".

Asimismo, también ha criticado que el esfuerzo exigido a las entidades territoriales "ha sido muy superior al que se ha impuesto a sí mismo el Gobierno central, un sobreesfuerzo que no se ha correspondido con el peso que tiene cada administración en el gasto público". La consejera ha recordado que las comunidades realizan en torno al 34% del gasto frente al 22% que corresponde al Estado, "lo que no justifica que la pendiente sea mayor para las autonomías".

Montero ha manifestado su "rotundo desacuerdo" con esta distribución de los objetivos de déficit y ha lamentado que el Gobierno de España no ha explicado la metodología que utiliza en el reparto, "ya que no se fijan de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea o con los criterios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)".

NUEVA SENDA

Respecto a la última reunión del CPFF, Montero ha explicado que el Gobierno central propuso una "nueva senda de consolidación" tras escuchar a las comunidades que, como Andalucía, reclamaban un margen adicional sobre su propuesta inicial, de modo que se han fijado finalmente nuevos objetivos de estabilidad en el 0,7% del PIB en 2016, el 0,6% en 2017, el 0,3% en 2018 y el 0% en 2019.

No obstante, ha lamentado que "se mantiene la situación de desequilibrio a favor del Estado, que se reserva una de las dos décimas del PIB adicionales concedidas por Bruselas, mientras que la otra décima se destina a las comunidades autónomas, lo que permitirá suavizar la pendiente de reducción del déficit".

Ha explicado que también se adoptaron otras decisiones "de gran relevancia para las comunidades autónomas", como la creación de un grupo de trabajo que, bajo la supervisión de la AIReF, analizará la aplicación y posible reforma de la regla de gasto. Montero considera que una interpretación "rígida" de la regla de gasto, junto a los problemas técnicos asociados a su cálculo y aplicación, "suponen una restricción para las finanzas públicas, con consecuencias muy importantes sobre el crecimiento económico a corto y largo plazo".

Así, también ha indicado que el ministro de Hacienda informó de las medidas tributarias que se adoptarían para afrontar un ajuste de 7.000 millones de euros, fundamentalmente a través de la subida de impuestos y cotizaciones sociales. Según las previsiones del Gobierno central, el Impuesto de Sociedades reportará 4.650 millones de euros y se subirán los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco.

En este punto, la consejera ha recordado que la recaudación de estos impuestos está compartida con las comunidades autónomas, "si bien el ministro no aclaró si la recaudación obtenida con la subida sería también compartida o se ajustará a la baja el Fondo de Suficiencia Global, que es lo que ha venido haciendo el Gobierno de España".

PP-A: POR LAS REFORMAS "PASAMOS DE LA RECESIÓN A LA RECUPERACIÓN"

Por el PP-A, José Antonio Miranda ha considerado que en el CPFF se lograron "buenos acuerdos para las comunidades" con una senda de consolidación "coherente" con la propuesta por la Comisión Europea. Así, tras criticar la situación de déficit en la que dejó el país el PSOE en 2011, ha afirmado que el PP "tuvo que coger el timón de la economía española y afrontar la reducción del déficit negociando con Bruselas".

De esta manera, el popular ha recalcado que "gracias al esfuerzo hecho por los españoles y las reformas estructurales acertadas puestas en marcha por el Gobierno central" hoy en día "hemos pasado de la recesión a la recuperación" y España "es el país que más crece de la UE y la economía que crea más empleo". "Cuando desde planteamientos miopes se exige más déficit se hipoteca a los españoles", ha aseverado.

En el turno de Podemos, la presidenta del grupo, Carmen Lizárraga, que ha censurado que en la reunión se "obviara" la necesaria reforma del sistema de financiación, ha saludado la subida del déficit aunque ha rechazado el marco de la ley presupuestaria "que es especialmente perjudicial para Andalucía".

Asimismo, ha rechazado "el pacto entre PP y PSOE sobre el techo de gasto porque ignora las necesidades de los ciudadanos" al tener 5.000 millones de euros menos que en el 2016, con lo que "se consolida los recortes de años anteriores y se pone el pie sobre la sanidad y la educación pública". Entiende también que este acuerdo "representa los cimientos de la gran coalición y la incapacidad del PSOE de hacer oposición al PP".

El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha considerado "razonable" el acuerdo alcanzado en el CPFF para flexibilizar el objetivo de déficit y ha defendido que el incremento de una décima "no debe ser interpretado como una tentación a gastar más sino a invertir más" aunque, en su opinión, "lo deseable sería no utilizarlo".

Ha defendido que esa décima de más debe orientarse a la reactivación económica y a la creación de empleo, que es el "primer problema" de los ciudadanos, mientras también ha planteado la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación.

Por IULV-CA, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Elena Cortés, ha lamentado la poca información nueva que, a su juicio, ha facilitado Montero, al tiempo que ha considerado que el acuerdo del CPFF sobre el déficit "supone un alivio" pero "se han alargado la senda de austeridad, la muerte a pellizcos".

Ha defendido la necesidad de exigir la modificación del superávit de los ayuntamientos y la "impugnación de la senda de austeridad", así como ha advertido que "parece que el PP y el PSOE van de la mano" en estas políticas, una novedad "que empezó con la abstención a Rajoy y puede continuar mañana con el acuerdo del techo de gasto".

Por último, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz García ha rechazado las políticas "austericidas" y ha sostenido que la reforma del sistema de financiación "no puede esperar más". Ha defendido los posicionamientos del PSOE en el Congreso, que "condiciona" la política del Gobierno central y "corrige algunos de los atropellos que ha cometido" a los ciudadanos.