Montero reclama al Gobierno que pida al TC que levante la suspensión cautelar de las 35 horas y abra negociaciones

SEVILLA 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reclamado este lunes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que solicite el alzamiento de la suspensión cautelar al Tribunal Constitucional (TC) sobre la normativa andaluza que permite la jornada laboral de 35 horas semanales a los empleados públicos y articule una ronda de negociaciones para conseguir que "no se dé ni un paso atrás" en esta medida, ya que lo contrario es "un despropósito".

En declaraciones a Europa Press, Montero ha señalado que, aunque la Administración no cuenta aún con el registro de la comunicación del Pleno del TC que ha admitido a trámite el recurso del Gobierno y ha decretado la suspensión cautelar de esta medida, tras conocer esta noticia a través de los medios "se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda" para que permita una ronda de reuniones y diálogo con el objetivo de poder extender esta medida al resto de trabajadores públicos de España y no provocar "ningún tipo de retroceso" para los empleados públicos en la Comunidad andaluza, ya que, como ha insistido, se trata de "un derecho laboral".

Asimismo, ha explicado que, igual que el Gobierno tiene la prerrogativa de solicitar la suspensión cautelar de una medida en un recurso de inconstitucionalidad, también cuenta con la potestad para solicitar al Alto Tribunal el alzamiento de esa suspensión cautelar para que se retire, por lo que la consejera en su primera comunicación con el Ministerio tras conocer que se había admitido el recurso y la suspensión cauterla lo ha reclamado. "Si ha disposicion política es la de llegar a un acuerdo, esta debe ser la primera medida por parte del Gobierno", ha señalado la consejera.

Montero, que ha considerado "un despropósito" la estrategia seguida por el Gobierno central y un "jarro de agua fría" para los empleados públicos la petición de la suspensión cautelar junto al recurso, ha reprochado que no hayan tenido ocasión de tener una ronda de diálogo "en los nueve meses" que el Gobierno ha dispuesto para presentar este recurso. "El Gobierno ha agotado el plazo para presentar el recurso sin que haya habido diálogo con Andalucía", ha criticado.

Asimismo, la consejera de Hacienda ha asegurado que en el plazo de 15 días, que se abrirá una vez que se registre en la Administración este recurso, la Junta va a dar elementos jurídicos y organizativos para que no se lleven a cabo las medidas que conlleva la suspensión cautelar. "Estos 15 días se interrumpen en el mes de agosto y se prolongarán en el mes de septiembre", ha apuntado.

"Espero que el ministro de Hacienda atienda esta situación y podamos tener un ámbito de acuerdo y negociación", ha señalado Montero, quien ha detallado que primero debe llegar la comunicación del recurso a la Junta y luego se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que se abrirá el plazo de 15 días para alegar. "Este plazo se interrumpe en el mes de agosto, lo que nos permite un tiempo para presentar alegaciones y tener una ronda de diálogo", ha subrayado.

Asimismo, Montero ha considerado que "el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha vuelto a defraudar a los ciudadanos y a los empleados públicos en particular". "No sé si ha movido un dedo para dirigirse al Gobierno para que no pidiera la suspensión o no se le ha tenido en cuenta. Debería explicar qué actuaciones ha hecho", ha pedido la consejera, toda vez que ha advertido de que Moreno "defrauda o toma el pelo".

De esta manera, ha señalado la posibilidad de que Moreno hiciera unas declaraciones en las que pedía al Gobierno que no solicitara la suspensión cautelar "para salir del paso o porque tomaba el pelo y no pensaba hacer nada". Frente a esto, ha destacado las acciones de la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales para "buscar una solución".

Asimismo, ha señalado que desde que se conoció que el Gobierno iba a presentar este recurso mantiene "un contacto fluido a diario" con las organizaciones sindicales, quienes se mostraban convencidos, según ha precisado, de que "no se iba a pedir la suspensión cautelar".