Una mujer maltratada con un hijo discapacitado denuncia en Granada a la Junta reclamando una vivienda "segura"

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer víctima de violencia de género con un hijo discapacitado a su cargo ha iniciado acciones legales por supuesta violación de derechos fundamentales contra la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por no adjudicarle una vivienda "digna y segura" fuera del barrio el que habita actualmente en la zona Norte, donde según afirma les han "agredido y amenazado".

En el escrito presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer expone que ha renunciado a su actual vivienda y ha solicitado otra por entender que está "en riesgo" su seguridad y la de su hijo, que está recibiendo amenazas por su homosexualidad.

Alega que les han amenazado y agredido y les están haciendo "la vida imposible", aportando al Juzgado diversos partes de lesiones y denuncias de los hechos acaecidos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha mostrado este miércoles el respaldo a esta madre maltratada censurando que la citada Agencia de Vivienda, dependiente del Gobierno andaluz, "no le facilite una permuta de vivienda en un entorno seguro" pese a conocer las "condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentra" y el riesgo para la integridad física del joven, que ya ha sido agredido y sufre una discapacidad del 54 por ciento reconocida por la Consejería de Salud.

Según la denuncia, la Administración reconoce la existencia de peligro real para la familia, hasta el punto de que la autorizó de forma excepcional a cambiar su domicilio a la que es su vivienda actual, también propiedad de AVRA, de manera provisional hasta la concesión de una nueva que cumpliera las condiciones de seguridad para la familia.

No obstante, este domicilio se encuentra "en la misma calle y a tan solo 100 metros del anterior, por lo que las amenazas continúan", según alega la denunciante.

La asociación censura que además se le entregara en aquel momento una vivienda "en precario", que "no reunía en el momento de la entrega las condiciones mínimas de habitabilidad".

El colectivo exige que las administraciones cumplan con su obligación de velar por la seguridad, la vida e integridad física y moral de la ciudadanía, en especial de aquellas personas más necesitadas de protección.

Por ello, demanda a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación Social que encuentre una alternativa inmediata y digna que garantice la seguridad de esta familia.

Además, el colectivo considera "esencial" amparar la seguridad de las personas titulares de contratos de las viviendas públicas frente a amenazas o expulsiones y que estos domicilios cuenten con las condiciones básicas de habitabilidad, incluyendo el mantenimiento de las zonas e instalaciones comunes. También, que se respalden las permutas de viviendas adecuadamente motivadas, utilizando criterios transparentes.