Seis testigos protegidas declaran que se prostituían 24 horas los siete días con hasta 17 "servicios" diarios en Jaén

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las seis testigos protegidas en la causa por trata de mujeres que se ha juzgado en la Audiencia de Jaén han declarado que las obligaban a prostituirse las 24 horas del día durante los siete días a la semana y que llegaban a realizar hasta 17 "servicios" diarios, incluso durante los primeros días del estado de alarma por la pandemia.

"No descansábamos nunca, eran 24/7 y no respetaban ni que tuviéramos el periodo", ha indicado una de las seis mujeres que han declarado por videoconferencia como testigo protegida. Tanto en así que una de ellas ha señalado ante el tribunal que tuvo que seguir prostituyéndose a pesar de tener una infección vaginal y estar con gastroenteritis por temor a que le pasara algo a ella o a su familia.

Además, dentro de las normas se le imponía recibir a los clientes en ropa interior y hacer las felaciones sin preservativo porque "aquí se hacía así".

Todas ellas han coincidido que aceptaron venir a España desde Colombia por su situación de necesidad económica. Algunas han dicho que sabían que venían a ejercer la prostitución, pero solo hasta saldar la deuda que cuando llegaban se multiplicaba por tres. Otras llegaron han señalado que llegaron "engañadas" pensando que venían a trabajar el labores domésticas.

Asimismo, han señalado que en todo momento estaban "controladas" y que sentían "miedo" y "temor" porque las amenazaban con hacer daño a sus familias en Colombia si no saldaban su deuda. Una de las testigos ha declarado que cuando anunció que se iba porque ya había pagado todo, la llevaron a un descampado y le apuntaron en la cabeza con lo que ella piensa que era una pistola.

Otra de las mujeres ha relatado como le mostraron a una chica atada a una silla giratoria, desnuda, golpeada y con quemaduras de cigarrillo en los pechos para advertirle que le pasaría lo mismo a ella si no aceptaba prostituirse.

El Ministerio Fiscal, que ha elevado su calificación a definitiva, ha puesto el acento en que el delito de trata de seres humanos no requiere que haya violencia o intimidación aunque algunas de las mujeres víctimas de esta trama hayan declarado que la sufrieron. Para el fiscal el hilo común de todas ellas es su situación de vulnerabilidad como antesala a su explotación sexual.

El fiscal ha incidido en que los 16 acusados, ocho de ellos mujeres, que se han sentado en el banquillo conformaban una "organización criminal perfectamente estructurada" y con sus funciones definidas. En la cabeza de la trama ha situado a una madre y a sus dos hijos para los que pide penas que suman para cada uno de ellos 222 años de prisión, mientras que para los 13 restantes las penas individuales son de 175 años.

Independiente de lo que suman las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, en aplicación del Código Penal, auque finalmente fueran condenados a esas penas, no cumplirían más de 20 años de prisión.

A cada uno de los 16 acusados el Ministerio Fiscal les imputa 20 delitos de trata de seres humanos y uno más de trata de menores en concurso con un delito de prostitución. También les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra la salud pública.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal les reclama que indemnicen a cada una de las 21 mujeres víctimas de esta red de trata en cantidades que van desde los 20.000 a los 35.000 euros en función del tiempo que "estuvieron sometidas a la red y a la efectiva práctica del comercio sexual".

No obstante para una de las acusadas que declaró ante el tribunal haber ejercido de controladora en los pisos para saldar su deuda y por miedo a que le hicieran daño a su familia, Fiscalía ha abierto la puerta a la posibilidad de que el tribunal la exonere de responsabilidad aunque sea culpable de los delitos que se le imputan por el Ministerio Público.

El fiscal también ha manifestado que las tramas criminales "se reconvierten para dificultar su persecución" y ello explicaría que a las mujeres no les retiraran su documentación ni que les quitaran los móviles para que así puedan mantener contacto con sus familias y evitar que desde Colombia denuncien desapariciones.

Las defensas, que partían de la libre absolución para sus defendidos, han criticado que de las 21 mujeres que aparecen como víctimas en esta causa solo hayan declarado las seis que son testigos protegidos. Con las 15 restantes no ha sido posible su localización para citarlas a declarar y por tanto no se han presentado, ausencia que se ha saldado leyendo algunas de sus declaraciones que hicieron en su día ante el juez instructor y en presencia del Ministerio Fiscal.

Fue una de las mujeres víctimas de esta trata la que en su intento de huida se puso en contacto con su familia en Colombia para facilitarles su ubicación. Sus familiares lo denunciaron a la Policía colombiana y esta lo trasladó a la Policía Nacional. A partir de aquí, se puso en marcha un dispositivo policial en marzo de 2020 que culminó con detenciones y la puesta en libertad de varias mujeres víctimas de la prostitución, entre ellas una menor de edad.

Esta red se mantuvo operativa durante los primeros días del estado de alarma vigente en la pandemia. Pese a las restricciones de movilidad, el negocio siguió en auge e incluso algunas de las mujeres eran obligadas a desplazarse a domicilios privados para ejercer la prostitución.

El hilo de la investigación terminó imputando a 18 personas, aunque dos de ellas no se sentarán en el banquillo ya que una de ellas es un hombre que no ha sido procesado por estar en Colombia y el segundo ha sido excluido de ser juzgado por su estado mental.