Niña de entre 10 y 14 años, el perfil de menores víctimas de abusos sexuales en Andalucía, según Save the Children

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

En Andalucía, el perfil de la víctima de abusos sexuales a menores es el de una niña --en más del 80 por ciento de los casos-- de entre diez y 14 años --ya que una de cada dos se encuentra en esta franja de edad--, según un análisis de la organización Save the Children en el que se revisan sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia en esta comunidad autónoma y otras zonas de España.

Se trata de un informe en el que se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia en España, de las que 62 pertenecen a Andalucía, repartidas entre Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, según ha explicado Save the Children en una nota.

En ocho de cada diez casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña, y el 96% de los abusadores no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual, según este mismo informe de Save the Children 'Por una justicia a la altura de la infancia. Análisis de sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España'.

La organización ha remarcado que el abuso sexual es "una de las formas más graves de violencia contra la infancia y adolescencia y, además, una de las más ocultas".

Según datos del Ministerio del Interior citados por Save the Children, en el año 2020 se registraron en Andalucía 2.252 delitos contra la libertad sexual, de los que casi la mitad (1.113) fueron cometidos contra niños, niñas o adolescentes. El 76,8% de las víctimas eran niñas, 444 tenían entre 14 y 17 años, y 411 eran menores de 14.

"Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse", según ha advertido la responsable de incidencia social y política en Save the Children en Andalucía, Ana Sánchez, que ha lamentado que "todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen, y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así".

En Andalucía, el "principal problema" que señala el estudio en esta comunidad, y en relación con otros casos analizados en el resto de España, es la duración media de los procesos, de forma que uno de cada cuatro casos dura entre cuatro y cinco años.

Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio "hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado".

En Andalucía, y según advierten también desde Save the Children, sólo en el 35,59% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones. Además, en el 80,7% de los casos de Andalucía "no consta información sobre exploraciones y declaraciones anteriores al juicio" y, en el 29% de los casos, la declaración fue "la única prueba".

Este es el caso de Carmen Corrales, gaditana de 26 años que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales desde los diez hasta los 14 años por parte de su abuelo, que tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad.

"Durante el proceso yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y demás, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer, nada. Declaré, pero me sentí bajo presión", ha relatado.

UNA JUSTICIA "A LA ALTURA DE LA INFANCIA"

Save the Children ha remarcado que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) aprobada hace ahora dos años, "es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales".

Esto, según la organización, debe concretarse en una serie de medidas como la implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; la creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que "participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima"; la formación inicial y "constante de todos los operadores jurídicos"; la asistencia jurídica a las víctimas, "acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley".

Además, uno de los "aspectos básicos" de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de "eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas", según argumentan desde Save the Children.

"La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual", han afirmado desde Save the Children.

CASAS DE LOS NIÑOS

Save the Children apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico 'Barnahus' --"casa de los niños" en islandés--, un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo "para evitar la victimización secundaria".

Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Cataluña --en concreto, en Tarragona--, otras comunidades autónomas como Andalucía, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo "el mismo camino", según valoran desde Save the Children.

Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 --desarrollado en "estrecha colaboración" con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030--, tiene como objetivo "mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distintas comunidades autónomas".

"En la legislatura pasada ya se impulsaron tres proyectos de ley para reformar el sistema de justicia que eran una oportunidad para poder mejorar la atención a la infancia en la justicia española, pero se quedaron parados. Definitivamente, en estos próximos cuatro años hay que conseguir poner todo el sistema judicial a la altura de los niños y niñas", han concluido desde Save the Children.