Actualizado: viernes, 13 enero 2017 15:07

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones que forman parte de la campaña 'No al TTIP, CETA, TiSA', entre ellas la Coordinadora Andaluza de ONGD, se suman desde Andalucía a la jornada europea de movilizaciones del 21 de enero contra el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), para mostrar su "rotundo rechazo" a este acuerdo comercial. Por ello, organizarán una concentración en Sevilla a las 12,00 horas del referido día en la Plaza Nueva.

Según informa el colectivo en una nota, con esta marcha pretende animar la ciudadanía andaluza a que participe en "la repulsa pública" al también conocido como el 'TTIP canadiense', por sus similitudes con ese acuerdo, que se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación.

Asimismo, desde el colectivo quiere, con esta iniciativa, "conminar" al Parlamento Europeo, al Parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales, que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a defender los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las "amenazas que implica el CETA", votando en contra de la ratificación del tratado.

Cabe recordar que el CETA será votado el próximo 24 de enero en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo y en la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad --sin posibilidad de añadir enmiendas-- será votado en el Pleno del Parlamento Europeo, en los primeros días de febrero. En caso de ser ratificado, amplias secciones del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente, de forma previa a la ratificación final por parte de los distintos parlamentos nacionales.

Este tratado ha sido "cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil", tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer "garantías" respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas. En la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.

A pesar de que varios anexos y "declaraciones interpretativas" han sido añadidas al tratado a posteriori para tratar de sumar apoyos, estos textos no modifican "sustancialmente" el acuerdo, que continúa presentando numerosos problemas como la autorización a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los inversores extranjeros.

Algo que desde 'No al TTIP Andalucía' supone un "auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso".

Además, han indicado que el CETA provocará que se "limite seriamente" la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas, haciendo que tanto Canadá como la Unión Europea sean "más vulnerables" a las crisis financieras dada la mayor liberalización de los mercados financieros.

En esta línea, han recalcado lo expuesto en un estudio independiente de los impactos económicos del acuerdo que predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado serán fundamentalmente para los "dueños del capital", con el consiguiente "aumento de la desigualdad".

"PERJUICIOS" DEL CETA

En otro orden de cosas, han indicado que el CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.

En cuanto a cooperación reguladora y a las regulaciones nacionales, las normas del tratado pondrán "obstáculos adicionales" a las regulaciones y "reforzarán" el papel de los 'lobbistas' corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, "socavando potencialmente" la adopción de políticas de interés público.

En ambos lados del Atlántico, el CETA "expondría a los agricultores a unas presiones competitivas que minarían su modo de vida, obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible", han continuado.

Con todo, han señalado que el "CETA agravará la condición de Andalucía como territorio periférico, aumentará el plus de explotación del capital sobre la fuerza del trabajo y agravará también la explotación de género".

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