Núñez imputa al exconsejero Fernández y a dos exalcaldes por 18 ayudas a la Sierra Norte

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha imputado a un total de 29 personas, entre ellas cuatros exaltos cargos de la Junta, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y los exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara (Sevilla), Carmelo Montero y José Antonio Méndez, respectivamente, por 18 ayudas supuestamente irregulares concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

   En un auto fechado el 20 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputa en esta pieza separada de los ERE irregulares a Antonio Fernández, al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y a los ex directores generales de IFA/IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano por sus actuaciones en los convenios suscritos a través de los cuales se concedieron estas ayudas por valor de más de nueve millones de euros con cargo a la partida 31L.

   Entre los imputados también hay una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla), identificada como Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de una cooperativa textil --SCA Megara-- que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía y que ya compareció en mayo de 2015 ante la juez Mercedes Alaya, acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar.

   De las 29 personas investigadas, la juez cita a declarar a cinco de ellas el próximo día 17 de noviembre, como son Verónica Galloso Villalba; los responsables de Venero de Móstoles, Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz; de la empresa Vivir el Barro (Refractarios y Derivados), Joaquín Llano Heredia; y de Andalucine S.L., Beatriz Pérez Martín.

   Estas últimas declaraciones se incorporarán a la pieza sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte, cuya instrucción ya dispone de las declaraciones ante la juez de los responsables de las otras 14 empresas investigadas, como son Atarazanas de Constantina SCA, Grueso y García, SCA San Sebastián de Guadalcanal, Pema Jamones y Embutidos, Tialna, Corsevilla, Virgen de Robledo, Refractarios Guadalcanal S.A., Hotel La Posada del Moro, Romero Álvarez S.A., Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara, SCA Megara, Promociones Vinícolas Sevilla y Dehesa Navera.

   En el auto, la juez analiza cada una las 18 ayudas que son objeto de investigación, destacando entre ellas la ayuda de un millón de euros concedida a SCA San Sebastián de Guadalcanal siendo responsable de la empresa el exalcalde de esta localidad, Carmelo Montero, o la ayuda de 170.000 euros otorgada a Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara, de la que eran responsables el exalcalde de este municipio entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez y su esposa.

   La juez también tiene como investigados a Luis Martínez Perea y Manuel Fuentevilla por la ayuda de 600.012,12 euros a Atarazanas de Constantina; a José Grueso y Alfonso Manuel García Delgado por la ayuda de 100.000 euros a Grueso y García; a Antonio Bermejo García por la ayuda de 700.000 euros a la empresa Pema Jamones y Embutidos; a Benito Miguel Oliver por la ayuda de 730.000 euros a Tialna, o a Fernando Miguel Cornello y Juan Luis Mariscal Araújo por la ayuda de un millón de euros a Corsevilla.

   También son imputados Gregorio Martínez Piñero por la ayuda de 444.748,96 euros a Promociones Vinícolas Sevilla; Juan Miguel Mejías Ramírez por la ayuda de 190.000 euros a la empresa Virgen de Robledo; Antonio Llano Nogales por la ayuda de 721.214,53 euros a Refractarios Guadalcanal S.A.; Juan Martínez Sevilla, Lucía Piñero y Julia Piñero por la ayuda de más de un millón de euros al Hotel La Posada del Moro, y Guillermo Romero Álvarez por la ayuda de 1,2 millones a Romero Álvarez S.A..

   Por último, la juez tiene como investigado a Manuel Grueso por la ayuda de 182.629,34 euros a Dehesa Navera.

   En un segundo auto fechado el 21 de octubre, consultado por Europa Press, la instructora archiva la causa matriz de los ERE contra los 25 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla imputados al entender que en la causa matriz se investigan los mismos hechos que en la pieza separada abierta por las ayudas a dicha comarca.