El obispo emérito de Cádiz pidió una ayuda de los ERE para "salvar" puestos de trabajo

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, ha declarado este martes como investigado ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, y ha asegurado que solicitó una ayuda sociolaboral para el Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz "con buena voluntad" y porque es "sensible" con los puestos de trabajo.

En declaraciones a los periodistas tras comparecer ante la magistrada por espacio de diez minutos, el obispo emérito de Cádiz ha añadido que la ayuda, de 300.000 euros, se le concedió y por ello "le dio las gracias" al consejero de Empleo, ya que "estos puestos de trabajo están hoy ejerciéndose". "Lo mismo si se hubiera tratado de ustedes hubiera hecho lo mismo", ha indicado.

Fuentes del caso, de su lado, han indicado que el obispo emérito ha comenzado su declaración señalando que, por razones de enfermedad, "he estado a punto de comparecer ante otro juez, el de la tierra y el cielo, que es Jesucristo", pero "con la misma sinceridad y transparencia comparezco hoy ante usted".

En este sentido, y según las mismas fuentes consultadas, Antonio Ceballos ha explicado que remitió una carta al consejero de Empleo solicitándole la ayuda y "en defensa de los puestos de trabajo en peligro".

Según las fuentes, y cuestionado por la juez sobre si era consciente de estar haciendo algo ilegal, el obispo emérito ha afirmado que le "agradeció" al consejero la ayuda porque "se salvaron los puestos de trabajo", de forma que "el dinero se aplicó para ello", aunque ha querido dejar claro que él únicamente pidió la ayuda y no intervino en nada más, de forma que el dinero lo gestionó la oficina del Obispado.

"SENSIBILIDAD" CON POBRES, ENFERMOS Y TRABAJADORES

Asimismo, ha manifestado que, por su condición de obispo, tiene "mucha sensibilidad" con los colectivos de pobres, trabajadores y enfermos, motivo por el que solicitó la ayuda, "porque iba a salvar puestos de trabajo en un geriátrico que daba muy buen servicio a los ciudadanos de Cádiz".

Durante la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha aclarado que no ha solicitado la declaración como investigado del obispo, que ha sido acordada por la juez tras recibir un atestado de la Guardia Civil al respecto.

Por la ayuda al Centro Geriátrico también han comparecido ante la juez como investigados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, el exviceconsejero Agustín Barberá, que únicamente ha contestado a las preguntas de su defensa, y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, quien ha dicho que "no sospechaba de ilegalidades" y ha añadido que disponía de un equipo que examinaba los expedientes.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, Márquez ha señalado que, en la Dirección General de Trabajo, "no comprobaban que los beneficiarios de los expedientes coincidieran con los beneficiarios de las pólizas", agregando, a preguntas del abogado de la Junta, que la Junta "lo ha comprobado seis años después" y a día de hoy "todavía no lo tienen controlado".

La juez relata en este auto que, en esta pieza separada de los ERE, se investiga la ayuda concedida al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz por la Dirección General de Trabajo de la Junta, existiendo un escrito de 6 de octubre de 2008 del entonces obispo de Cádiz dirigido al consejero de Empleo "solicitando su colaboración para ayudar a los trabajadores" de dicho centro.

Tras ello, el 13 de febrero de 2009 se firmó un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA por el que la primera le encomienda a IDEA "la materialización del abono de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores" del Centro Geriátrico por importe de 300.000 euros.

Según la instructora, "uno de los ejemplares de dicho documento obra sin firmar y en otros dos solamente con la firma" del director general de Trabajo.

SOLICITUD DE AYUDA SIN DOCUMENTACIÓN

Asimismo, el director de Trabajo y el viceconsejero de Empleo firmaron el 18 de febrero de 2009 un documento dirigido a la agencia IDEA por el que "se le requiere para que efectúe la transferencia de 300.000 euros" a una cuenta corriente del BBVA "a favor del convenio de ayudas sociolaborales" de los trabajadores del Centro Geriátrico.

Ya el 30 de julio de 2009, consta una resolución de la Dirección de Trabajo por la que se concede a dichos trabajadores una ayuda por dicho montante, tras lo que la juez alude a un oficio de 31 de julio de 2009 dirigido por la asesora técnica de la Dirección de Trabajo al gerente del Obispado remitiendo "copia de la solicitud parcialmente rellena para que la completen" y donde se les requiere para que les hagan llegar una solicitud firmada y sellada "antes del martes 3 de agosto".

Seguidamente, el Centro Geriátrico realizó la solicitud de subvención por importe de 300.000 euros el día indicado, "sin registro de entrada y sin que se acompañe documentación alguna".

El 11 de septiembre de 2009, Diz-Lois ejecutó la orden de un primer pago de 225.000 euros al Centro Geriátrico, tras lo que, el 4 de febrero de 2010, Juan Márquez, "con el visto bueno" de Agustín Barberá, emitió una resolución del segundo pago de 75.000 euros a la agencia IDEA para el abono del mismo.

Tras ello, concretamente el 15 de febrero de 2010, Diz-Lois ejecutó la orden del segundo pago al Centro Geriátrico.

REVISIÓN DE OFICIO DE LA AYUDA

El 16 de abril de 2012, la Dirección General de Trabajo elaboró una propuesta de inicio del procedimiento de revisión de oficio de la resolución de 30 de julio de 2009 por la que se concedía la ayuda sociolaboral de 300.000 euros a los trabajadores del Centro Geriátrico.

La juez afirma que, una vez iniciado el expediente de revisión de oficio el día 17 de abril, y realizados los trámites administrativos oportunos, el Obispado aportó la documentación, complementándose el expediente con el informe jurídico de la Junta y sustanciándose el procedimiento con una propuesta de resolución del director general de Relaciones Laborales en la que propone declarar nula la resolución por la que se concedía la ayuda y exigir su devolución.

Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta de resolución proponiendo el archivo del expediente, pues la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda "iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios".

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Ya el 30 de enero de 2013, el Consejo Consultivo de Andalucía emitió un dictamen, aprobado por unanimidad de la comisión permanente, en el que se dictaminó favorablemente a la propuesta de resolución de archivo del expediente, tras lo que, el 25 de febrero de ese año, el entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, dictó una resolución en la que decretó el archivo de las actuaciones.

Cabe recordar que la Guardia Civil, en un atestado elevado al Juzgado, solicitó citar como investigado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, a cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias.

De otro lado, la juez Núñez también ha citado a declarar este martes al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por la ayuda de 871.467,50 euros concedida por la Dirección General de Trabajo al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla), aunque el exalto cargo se ha negado a declarar.

Este martes también han comparecido ante la juez, por una ayuda de 30.000 euros concedida a la Universidad de Sevilla, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, y el director del master, Francisco José González.