Organizaciones impulsoras de la Renta Mínima piden a partidos el apoyo al sistema y esperan un aumento presupuestario

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Renta Mínima que han estado negociando con la Junta el Decreto-Ley de Renta Mínima de Inserción Social han pedido el apoyo a todos los grupos parlamentarios a este sistema, y esperan que el apoyo se mantenga en presupuestos presentes y futuros, toda vez que consideran que los presupuestos de 2018 de la Junta consignan una partida "insuficiente para atender a todos los beneficiarios potenciales" y piden un compromiso de aprobar la ampliación del presupuesto en caso necesario.

Según han indicado estas organizaciones en una nota, éstas han mantenido una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos e IU Andalucía, para exponerles las razones por las que es necesario dotar a Andalucía de un sistema de renta mínima de inserción y pedirles que "faciliten su ratificación, como punto de partida, y con carácter urgente, para mejorar la protección social".

"Para ello, argumentan, sería positivo el compromiso parlamentario de su posterior tramitación", han apuntado.

Las organizaciones promotoras de la ILP son CCOO-A, UGT-A, las organizaciones de consumidores Facua y UCA-UCE, Cepes-Feansal, la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN-Andalucía).

Estas organizaciones han mantenido, hasta el momento, reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos e IU Andalucía en las que les han explicado los pormenores de la negociación del Decreto-Ley de Renta Mínima de Inserción Social con el Gobierno de la Junta de Andalucía y los contenidos por los que lo apoyan, ya que recoge una parte importante de la propuesta que planteaban en su ILP.

"Es especialmente destacable que se consolida el derecho garantizado a la renta y al plan de inclusión, lo que supone un paso cualitativo en la política de protección a las personas mas vulnerables en Andalucía, introduciendo no solo la prestación económica sino la inserción de carácter sociolaboral", han resaltado.

Asimismo, han instado a PSOE, Podemos e IU a que, a través, de los presupuestos actuales y futuros, "destinen recursos económicos y humanos que permitan el desarrollo y la consolidación de este nuevo derecho". "Los presupuestos de 2018 de la Junta de Andalucía consignan una partida que consideramos insuficiente para atender a todos los beneficiarios potenciales, por lo que es necesario un compromiso de aprobar la ampliación del presupuesto en caso necesario", han aseverado.

REFUERZO DE PLANTILLAS

Estas organizaciones consideran que aunque se ha considerado un "éxito" la puesta en marcha de esta renta mínima, la Comisión Promotora de la ILP cree que "es un buen punto de partida, pero no renunciamos a tratar de mejorar la situación social y laboral de las personas que están en situación de pobreza y/o en riesgo de exclusión". Por ello, que la comisión ha dejado claro que "un derecho subjetivo no puede estar sujeto a limitación presupuestaria, pues según dice el texto, ese derecho debe cubrirse con todas las garantías".

Han resaltado que la puesta en marcha de este nuevo derecho "también supondrá un reto para las administraciones, ya que obliga a la cooperación y coordinación entre ellas, desde la local hasta las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, principalmente entre servicios sociales y empleo". En este sentido la Comisión ha trasladado a sus interlocutores que una de las cuestiones que tendrán que considerar es la necesidad de reforzar las plantillas de trabajadores de los servicios sociales comunitarios.

Por otra parte, han planteado en los encuentros la necesidad de que el Parlamento de Andalucía y los grupos parlamentarios y políticos en general, "se comprometan con esta renta y faciliten su ratificación, porque se trata de empezar a solucionar una situación de urgencia, lo que no es óbice para que los grupos parlamentarios puedan decidir acometer la tramitación como proyecto de Ley".

Por último, las organizaciones han agradecido el apoyo de todas las personas que firmaron la ILP y a todas las que estuvieron en las calles y empresas explicándola y recogiendo firmas, por lo que este Decreto-Ley "es la consecuencia directa de ese apoyo recibido de la ciudadanía andaluza, y que pone en valor los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en la elaboración de las leyes".