Otros once exaltos cargos de la Junta piden su absolución en el caso ERE y hablan de "juicio político"

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Once exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos cuatro ex viceconsejeros, han reclamado su libre absolución en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos al considerar que la acusación se basa en una "hipótesis teórica y fabuladora" que pretende "un juicio político interesado", según los escritos de defensa a los que ha tenido acceso Europa Press.

De este modo, han pedido su absolución los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez y José Salgueiro; el exdirector general de Trabajo Juan Márquez; los exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado; los exdirectores general de IFA/IDEA Antonio Valverde y Jacinto Cañete y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

Uno de los más contundentes es el abogado del ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, que en su escrito de defensa critica la "sorpresiva" inclusión en el auto de apertura de juicio oral del delito de asociación ilícita que les atribuye el PP-A, lo que causa una indefensión "irreparable".

"PALMARIO PROPÓSITO POLÍTICO"

A su juicio, el "simple" planteamiento de dicho delito "oculta un palmario propósito político ajeno al más elemental rigor que ha presidir, en términos constitucionales, un proceso penal de esta naturaleza".

En su escrito de defensa, consultado por Europa Press, el letrado de Mañas asevera que "es inconcebible que se archive y sobresea el procedimiento frente al titular de la Consejería --en alusión a Manuel Recio--, con competencias presupuestarias, subvencionadoras y de gasto, y se acuse y enjuicie por prevaricación y malversación al viceconsejero, que carece, por imperativo legal, de tales competencias".

"Con dificultad podrán encontrarse precedentes en asuntos similares", subraya el letrado, que insiste en que su cliente "no ha tenido intervención alguna en la utilización de las transferencias de financiación, ni en la gestión de los presupuestos públicos y sus modificaciones".

"ENGAÑO CRIMINAL"

Según añade, en ambos casos se trata de "decisiones perfectamente lícitas del legislador andaluz que, bajo ningún concepto, pueden revisarse en sede penal", puesto que "entonces, como aquí se pretende, el proceso punitivo público se convierte torticeramente en un juicio de oportunidad, a partir de una premisa insostenible: el Parlamento andaluz fue objeto durante una década de un engaño criminal, lo cual no sólo es un despropósito y una humillación para sus parlamentarios, sino que ha sido negado hasta la saciedad por el propio Parlamento".

Asimismo, califica de "misterio insondable" que se acuse de malversación y se exija a su patrocinado la responsabilidad solidaria de devolver a la Hacienda Pública andaluza el total de los créditos destinados a la concesión de ayudas sociolaborales por la Dirección General de Trabajo, correspondiente al año 2000 (más de 54 millones) según la Fiscalía, y por la totalidad del periodo 2001 a 2011 en cuantía sin concretas, según el PP-A, "y no se hayan traído al procedimiento a los miles de trabajadores beneficiarios de las ayudas, cuya prestación y mantenimiento reclamaba el Parlamento, como partícipes a título lucrativo".

"Tan estruendosa omisión excluye el empleo de los fondos públicos para fines ajenos al interés público y, por definición, cualquier actuación malversadora", según asevera el abogado, que por todo lo anterior expresa su "más absoluta disconformidad" con la acusación realizada por Anticorrupción "por no constituir los hechos delito alguno" y "no haber intervenido en ellos al carecer de competencias para ordenar ayudas o subvenciones y para disponer de fondos públicos".

LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

De su lado, el abogado del ex viceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro asegura en su escrito de defensa que su cliente "no dictó resolución administrativa alguna como viceconsejero de Economía y Hacienda en relación con el asunto objeto de este proceso" ni tampoco "tuvo conocimiento de las irregularidades ni incumplimientos que se describen en los escritos de acusación, no habiendo llevado a cabo ninguna conducta ilícita".

Además, el ex viceconsejero "no tuvo conciencia de que del uso de las transferencias de financiación se derivarían necesariamente las consecuencias perjudiciales que a las mismas se vinculan por las acusaciones, considerando que en sí mismas las transferencias de financiación son un instrumento presupuestario inocuo a la que estaba obligada la concesión de las ayudas o subvenciones", a lo que se suma que "en modo alguno buscó como resultado que se soslayara la necesaria y preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo".

De su lado, las defensas de Juan Márquez, Francisco del Río y Gonzalo Suárez se limitan en sus escritos a negar los hechos que les atribuyen las acusaciones y a pedir, por ello, la libre absolución de sus representados, tal y como ya han hecho los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves o los ex consejeros Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo y José Antonio Viera.