El Parlamento andaluz aprueba con apoyos de PP-A y PSOE-A la Ley de participación institucional de patronal y sindicatos

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de los grupos del PP-A y PSOE-A, la proposición de Ley de participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Andalucía impulsada por el Grupo Popular.

Vox y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra de esta iniciativa a la que tanto el Grupo Socialista como Vox y Por Andalucía --que se ha abstenido-- habían mantenido enmiendas al debate final de este miércoles que han sido rechazadas.

Esta ley busca "potenciar los mecanismos de concertación social a través de reconocer el papel de los agentes sociales y económicos más representativos de Andalucía y garantizando que puedan realizar eficazmente su labor en todos los ámbitos e instancias de participación institucional existentes o que se constituyan en el futuro y, en su caso, alcanzar nuevos acuerdos de concertación social".

La iniciativa contaba con el visto bueno del Gobierno andaluz, desde donde entienden que, "con su aprobación, Andalucía se sitúa en el grupo de comunidades que han regulado por ley la participación institucional de los agentes sociales, y con ello se garantiza el ejercicio de las funciones que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconocen a estas organizaciones en ámbitos como intereses laborales, económicos y sociales que corresponden a trabajadores y empresarios".

El Gobierno andaluz ha defendido que esta ley ratifica su compromiso con el "diálogo y la participación social, consciente de que la concertación social es una poderosa, justa y eficiente vía para alcanzar el desarrollo de los intereses sociales y económicos de Andalucía", además de considerarlo "un instrumento de buena gobernanza y de calidad institucional".

El texto prevé, una vez aprobada la ley y entre en vigor, que "con carácter excepcional" el Consejo de Gobierno establezca "los importes correspondientes a la participación institucional prevista en esta ley para el año 2024" y, consecuentemente, "autorizar las transferencias de créditos necesarias".

El Título III prevé la compensación anual por participación institucional sin carácter de "naturaleza jurídica subvencional".

VALORACIONES DE PP-A Y PSOE-A

En defensa de esta iniciativa ha intervenido la diputada del PP-A Jessica Trujillo, que ha manifestado que, con esta ley, "cumplimos con una deuda histórica que mantenía la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales y patronales, y también con nuestro propio ordenamiento jurídico", así como "cumplimos" con acuerdos de concertación social suscritos por el Gobierno andaluz desde el año 2009.

La representante del PP-A ha defendido que la aprobación de esta ley va a suponer "nada más y nada menos" que el que "las organizaciones sindicales y empresariales van a ocupar el lugar y la posición que constitucional y estatutariamente les corresponde", porque "los empresarios y los autónomos andaluces tienen derecho a organizarse y a que se representen sus intereses", al igual que "los trabajadores de Andalucía tienen derecho a organizarse y a pertenecer a un sindicato que represente sus intereses", ha defendido.

La parlamentaria del PP-A ha destacado que, con esta iniciativa, "otorgamos rango de ley a la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones en Andalucía", y "a partir de ahora esos agentes sociales van a tener mayor capacidad de decisión en la acción de gobierno, y esto es indiscutiblemente bueno para nuestra democracia", ha valorado Jessica Trujillo.

En representación del Grupo Socialista, la parlamentaria Irene García ha defendido que con esta iniciativa "se consolida un trabajo" que espera que dé "buenas muestras", y ha explicado que el PSOE-A partió para abordar esta ley de "una voluntad de acuerdo fruto del valor fundamental" que su grupo parlamentario "le da a la concertación y el diálogo social", y ha apostillado que esa no era la posición del PP-A anteriormente, por lo que ha celebrado que los 'populares' hayan "cambiado su posición", desde la premisa de que "el Partido Popular sólo acierta cuando rectifica".

La parlamentaria del PSOE-A ha sostenido también que esta "no es una ley caprichosa, no es un regalo ni una prebenda", sino "un mandato del Estatuto de Autonomía", así como ha aseverado que "el diálogo social debe ser la norma, no la excepción", y desde el Grupo Socialista "no vamos a consentir que se utilice el diálogo social y la concertación social en nuestra tierra como una mera conveniencia, que se utilice a las organizaciones para réditos políticos", ha avisado, y ha subrayado que su grupo había mantenido vivas algunas enmiendas presentadas a esta iniciativa para mejorarla.

CRÍTICAS DE VOX

El diputado de Vox Benito Morillo ha defendido el voto en contra de su grupo a esta proposición de ley con una intervención que ha iniciando manifestando que "los sindicatos deben autofinanciarse con las cuotas de sus afiliados", y que "las subvenciones que reciben son del todo injustificadas", y ha apuntado que así lo sostenía el PP-A de Juanma Moreno cuando estaba en la oposición, pero ha criticado que, ahora en el Gobierno andaluz, el presidente de la Junta "parece que ha descubierto a los sindicatos y los ha ido regando de millones vía subvención, es decir, con el dinero de todos los andaluces".

El representante de Vox ha considerado que esta iniciativa es una "ley cosmética que sigue blanqueando a sindicatos corruptos", y es "un nuevo insulto, una nueva humillación a los andaluces", a quienes, con este texto, les "van a obligar a pagar por ley lo que previamente estos sindicatos les robaron y que ahora están condenados a devolver", ha sentenciado.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido que con esta iniciativa se regula "cómo debe ser la participación de quienes ya están en esos órganos que regulan la concertación, el diálogo social y la participación de sus interlocutores en la toma de decisiones que les conciernen", para que sean "por qué o para qué se está" en esos órganos y reciban "la compensación por ello", desarrollando así "una normativa previa que nadie nunca ha impugnado porque todo el mundo entiende lo que son organizaciones que son interlocutoras válidas".

No obstante, ha considerado que la iniciativa final ha resultado "poco ambiciosa, con ser muy importante lo que regula", y "perdemos una oportunidad muy interesante de haber completado el marco del desarrollo de la participación institucional", según ha opinado.

RECHAZO DE ADELANTE

Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha justificado el voto en contra de su formación a esta proposición de ley al considerarla "una trampa" que "la derecha tiende a la izquierda y a las organizaciones sindicales", y por razones "radicalmente" diferentes a las que ha augurado que iba a exponer Vox para oponerse a esta iniciativa, según ha querido aclarar.

En esa línea, ha sostenido que esta ley es "excluyente", ya que "sólo garantiza la participación para las organizaciones sindicales mayoritarias", además de que "iguala a sindicatos y patronal como agentes libres e iguales", por lo que "va contra la línea de flotación de la propia concepción de la clase trabajadora y de cómo no se está en igualdad de condiciones", ha advertido.