SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad de todos los grupos mostrar su posición favorable a que el Gobierno de España "garantice en el marco de la negociación la continuidad en el empleo a los trabajadores actuales, asegurando su futuro laboral sin pérdida de derechos adquiridos" en el sector de la estiba.
La proposición no de ley presentada por la diputada del PSOE Rocio Arrabal ha sido debatida este miércoles y se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos el punto relativo al mantenimiento del empleo, que se ha votado de forma separada.
En cuanto al resto de puntos, todos los partidos han votado a favor del contenido total de la proposición no de ley, a excepción del PP; que ha votado en contra de puntos como pedir que el Gobierno retire el Real Decreto legislativo relativo al sector de la estiba "impuesto, por extralimitarse a las exigencias europeas y no tener consenso, dando paso a la negociación a tres bandas: ministerio, patronal y representantes de los trabajadores".
También se ha aprobado por mayoría de los grupos -a excepción del PP, que votó en contra-- que "se habilite un marco para la negociación colectiva en el ámbito sectorial estatal; o se permita la adaptación de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) en un período de seis meses al nuevo modelo de estiba".
Durante su intervención, la diputada del PSOE Rocío Arrabal considera que el decreto ley puesto sobre la mesa supone "una reforma ideológica que pretende despedir a miles de trabajadores" y ha generado "un conflicto cuyo responsable es el ministro".
Para Arrabal, "se debe cumplir la sentencia pero desde el diálogo y la negociación", pero lamenta que el decreto del PP "llega tarde, pues la sentencia lleva años publicada" y "mira de frente a las multinacionales y sus intereses y da la espalda a los trabajadores", de manera que "es un atraco a mano armada para el sector".
La diputada socialista ha valorado que los trabajadores "han desconvocado huelga, siempre muestra predisposición a la negociación, pero el ministro Iñigo de la Serna pretende mantenerse al margen en un conflicto que él ha creado". Por ello le pide que "dé la cara y no escurra el bulto y establezca un decreto sobre el modelo de estiba que se adapte a las exigencias europeas peor que sea negociado", pues una cosa es lo que dice la sentencia y otra la que recoge el decreto.
Por ello, tanto la diputada socialista con gran parte del resto de partidos han pedido la retirada del decreto "impuesto sin consenso" y que "se extralimita", y demanda que se negocie uno nuevo "negociado a tres bandas". "Se ha empezado la casa por el tejado, sin cimientos y eso no tiene fundamento ninguno, tiene que estar garantizado el futuro de la familia portuaria", ha añadido.
Para Arrabal, "hay distintas fórmulas para cumplir la sentencia y el Gobierno pone sobre la mesa la que mayor agresión hace a los trabajadores y la que mira al frente a las multinacionales", tras lo que critica la "inacción" del Gobierno, por lo que le pide al ministro que "redacte un nuevo Real Decreto Ley que recoja las reivindicaciones de todas las partes".
CRÍTICAS DEL PP
El diputado del PP y portavoz de Infraestructuras del PP en el Parlamento de Andalucía, Félix Romero, ha acusado al PSOE andaluz de hacer de "bombero pirómano" con la crisis de la estiba que ha provocado iniciativas de confrontación al Gobierno de España para que no se acate la sentencia de la UE que obliga a reformar el funcionamiento de este servicio.
Romero rechaza la propuesta del PSOE "que falta a la verdad" y rechaza la "manipulación" de los socialistas, recordando los problemas de la estiba vienen de una Ley socialista de 2010, la 33/2010, que infringe el artículo 49 del Tratado Fundacional de la Unión Europea.
Ha apuntado que el Real Decreto "es el cumplimiento obligado de una sentencia, aunque otros buscan la manipulación y el engaño a cambio de un puñado de votos". "Quien pretende hacer una crítica política sobre una sentencia judicial, está haciendo trampas, porque una sentencia nunca es una decisión política", ha añadido.
Ha apuntado que la sentencia "obligaba a ejecutar todas y cada una de las medidas" y ha asegurado que el Gobierno "ha elaborado un modelo
junto a los estibadores y en defensa del interés general".
PETICIÓN DE DIMISIÓN DEL MINISTRO
La diputada de Podemos Carmen Molina ha mostrado su apoyo al sector de la estiba "y no se dará ni un paso atrás", recordando que "el 40 por ciento de la estiba es andaluza".
Apunta que el ministro "ha visto la situación tan mala que ha decidido aplazar una semana el debate en el Congreso", después de que "ha provocado un mes de disturbios y problemas en la estiba", lo cual supone "una tremenda irresponsabilidad del ministro".
Ha contrapuesto la actitud del Gobierno español a la negociación llevada en Bélgica en este sector, de forma que en España "el Gobierno impone el decreto de espaldas a las organizaciones".
El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White cree que la situación actual de la estiba "es un conflicto que ha creado el gobierno de forma totalmente innecesario", toda vez que "nadie pone en duda que hay que cumplir la sentencia de la UE y que hay que liberalizar el mercado, eso nadie lo pone en duda, pero sí es criticable la forma de hacer las cosas, imponiéndolas por decreto, sin consenso ninguno, cuando se trata de medidas dolorosas".
Lamenta que el Gobierno "en vez de apostar por el puerto de Algeciras o por el corredor Mediterráneo se pretende dar paso hacia atrás", tras lo que ha recordado que "la mayor parte de exportaciones salen y entran por los puertos, son fundamentales para la economía", por lo que defiende "crear una mesa de diálogo y negociación urgente para que se alcance un consenso y llevar a cabo la aplicación del decreto la sentencia con el máximo consenso".
La diputada de IU Inmaculada Nieto ha mostrado su solidaridad con los estibadores, que están "con mucha preocupación e incertidumbre sobre su futuro", por lo que los trabajadores reclaman "certidumbre sobre su futuro". Ha recordado que "la mayor parte de estibadores trabajan en puertos andaluces".
Nieto cree que el ministro del ramo "debería dimitir si tuviera dignidad y el presidente del Gobierno debería cesarlo si tuviera sangre en las venas".
Ha recordado que "otros gobiernos han negociado con la comisaria de Transportes, han asumido su papel de buscar soluciones al problema y han aprobado acuerdos que han dado satisfacción a las demandas de la UE", por lo que pide que en el caso de España "se retire el decreto que perjudica al colectivo y que dimita el ministro".