Parlamento apoya que el Gobierno central adopte medidas frente a la pobreza energética

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha apoyado este jueves, en virtud de una iniciativa del PSOE-A, que ha contado con el apoyo parcial del PP-A, el voto a favor de Cs y la abstención de Podemos e IULV-CA, instar a la Junta a que demande al Gobierno central que defina, de forma consensuada y coordinada con las comunidades, un verdadero modelo de estado del sistema energético y que establezca nuevo sistema de fijación de precios de la energía, todo ello con el objetivo de hacer frente a la pobreza energética que sufren actualmente miles de familias que no pueden hacer frente al pago de la luz.

En función de la iniciativa aprobada, el Parlamento demanda que ese modelo de estado del sistema energético recoja el incremento de la generación eléctrica con renovables abandonando progresivamente la generación con carbón, gas natural y resto de fuentes energéticas no autóctonas, mientras que también se pide el impulso al autoconsumo y al denominado balance neto, eliminando las trabas existentes y estableciendo medidas activas de fomento.

Sobre el establecimiento de un nuevo sistema de fijación de precios de la energía por parte del Gobierno central, se reclama que se analicen los costes del sistema eléctrico e impuestos que se repercuten en la factura, y por tanto en el coste final de la electricidad que paga el consumidor final, con la finalidad de abaratar el cargo asociado a estos que van a la factura.

Junto a ello, la Cámara demanda eliminar el sistema marginalista en el mercado eléctrico como primer paso para el ajuste de los precios a su coste real o la fijación de un techo al precio máximo de la electricidad en subasta al objeto de potenciar las inversiones en la generación que minimice el precio de la energía, como las renovables.

Asimismo, se pide que se introduzcan criterios de ajuste en la fijación de precios del gas y de la electricidad a clientes vulnerables y especiales (discapacitados o enfermos crónicos) cambiando el bono social por la definición de unos precios-tarifas dirigidas a estos clientes.

Otra demanda al Gobierno central consiste en que se impulse, en colaboración con las comunidades, un programa específico de intervenciones en las viviendas vulnerables.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha mostrado su preocupación por que muchas familias estén sufriendo la pobreza energética y no puedan afrontar el pago de la luz y el gas, lo que obliga a buscar una solución conjunta e integral para que tengan garantizados los suministros de primera necesidad. Ha denunciado la "resignación" del Gobierno central para afrontar este problema.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanesa García se ha preguntado si el PSOE-A está "jugando a hacerle la oposición" al Grupo Socialista en el Congreso, "que hace dos semanas votaba a favor de cuestiones y aquí hoy se pide votar lo contrario". Además, ha defendido que muchas de las propuestas que se incluyen en esta iniciativa "carecen de coherencia", como pedir eliminar las trabas en al autoconsumo. "No hay trabas", ha añadido.

En nombre de Podemos, su diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe ha dicho que pobreza energética es "no poder vivir" y ha denunciado la alteración de precios "inexplicable" por parte de las eléctricas. Ha defendido que en vez de destinar dinero público a pagar las facturas, se podría invertir en producción propia por parte de la Junta, que daría a las empresas los kilovatios (kw) gastados por las personas que no hayan podido pagarlos.

La parlamentaria de Ciudadanos Marta Escrivá ha indicado que gran parte de la pobreza energética que se sufre en este país "viene por el rescate eléctrico" y ha criticado que no haya un modelo energético claro y consensuado. Se ha permitido, a su juicio, que las grandes eléctricas consigan en España sus mayores beneficios y ha lamentado que haya miles de familias que tengan miedo a que le corten la luz.

La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto, que ha criticado que el Estado se haya inhibido voluntariamente de intervenir en el precio de la electricidad, ha abogado por la nacionalización de las empresas energéticas para garantizar los precios y la sostenibilidad. A su juicio, es un "escándalo" que políticos que animaron a las privatizaciones hayan acabado en nómina de las multinacionales.