El Parlamento pide al Gobierno central abordar acceso a función pública docente de niveles educativos no universitarios

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se insta a la Junta a que demande al Gobierno central que aborde el acceso a la función pública docente de los niveles educativos no universitarios.

La iniciativa ha salido adelante con los únicos votos del PP-A, ya que PSOE-A y Vox la han rechazado, mientras que Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía se han abstenido.

La Cámara ha pedido concretamente que el Ejecutivo nacional "cumpla con sus obligaciones en el ámbito de sus competencias en educación y lleve a cabo los trámites oportunos para que se afronte de una vez el desarrollo normativo de lo legislado en la disposición adicional séptima de la Lomloe, trabajando de la mano de las comunidades autónomas para avanzar en la necesaria mejora en el acceso a la función docente".

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Mariano García ha considerado que el Gobierno de España legisla en educación "dando bandazos, sin consensuar leyes, sin responder a los retos de los asuntos más complejos y dejando al albur de las comunidades autónomas la concreción de muchos aspectos que necesitan de una coordinación para asegurar la igualdad de todos los españoles y para que, además, no supongan una auténtica bomba de relojería a las administraciones autonómicas".

Entre estas cuestiones, según el diputado popular, es crucial abordar ya lo previsto en la disposición adicional séptima de la Lomloe en relación a la "mejora en el acceso a la función pública docente de los niveles educativos no universitarios".

Según ha señalado, "se ha superado en más de dos años el plazo máximo que daba dicha ley, sin que las comunidades tengan conocimiento de qué actuaciones podría estar valorando el Gobierno de España en cuestiones tan cruciales como la formación inicial y permanente y el acceso y el desarrollo profesional docente".

Para García, es de "máxima importancia para la mejora del acceso a la función pública docente y, por tanto, para el buen funcionamiento del sistema público de educación abordar las cuestiones recogidas en dicha norma y la participación de las administraciones autonómicas en la toma de decisiones, como exige la buena gobernanza en un estado autonómico".