El Parlamento pide a la Junta que adopte medidas inmediatas para racionalizar la RTVA

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado parcialmente una moción de Vox en la que, entre otros asuntos, se ha dado luz verde a pedir a la Junta que adopte "con carácter inmediato" las medidas necesarias para mejorar la eficiencia de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), racionalizando sus recursos y adecuando los mismos a su condición de servicio público, dictando para ello, si fuere necesario, el oportuno decreto ley a tales efectos.

Este punto, así como el resto de los que han salido adelante, ha contado con el voto a favor del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y del grupo proponente, mientras que la iniciativa ha sido rechazada en su totalidad por el PSOE-A y por Adelante Andalucía.

Igualmente, con la misma relación de votos, el Pleno ha aprobado pedir una auditoría independiente de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, otra de Cetursa Sierra Nevada, S.A., al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, a la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende, a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A; al Instituto Andaluz de la Mujer, y al Instituto Andaluz de la Juventud.

Por contra, el Pleno ha desestimado, en una votación que solo ha respaldado Vox y que han rechazado el resto de partidos, pedir auditorias de entes como la Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa; la Agencia Pública de Educación; la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, o la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Tampoco pide el Parlamento auditar, como quería Vox, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, la Agencia de Obra Pública de la Junta o la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Y también se ha rechazado demandar la elaboración, mediante la promulgación de un decreto, de un plan para la lucha contra la corrupción y el fraude en el que se establezcan una serie de objetivos por consejerías.