Parlamento pide no recurrir el decreto de las 35 horas semanales para empleados públicos

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz, con los votos a favor del PSOE-A, Podemos e IULV-CA, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP-A, ha aprobado instar al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a no interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 5/2016, de 11 de octubre, convalidado este mismo jueves por la Cámara y que devuelve a los empleados públicos de la Junta el próximo mes de enero la jornada laboral de 35 horas semanales.

En virtud de la proposición no de ley del PSOE-A aprobada, la Cámara también solicita derogar la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, recuperando la jornada general de 35 horas semanales para el personal de todo el sector público de España; así como derogar el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, de forma que se recuperen las condiciones de trabajo del personal docente a nivel nacional.

Asimismo, el Parlamento de Andalucía ha mostrado su apoyo a la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual para el personal empleado público de la Junta y de la jornada lectiva de 18 horas semanales de los docentes.

En defensa de la iniciativa, el socialista Jesús María Ruiz ha manifestado que los empleados públicos "han sido decisivos con su dedicación y esfuerzo, en estos momentos de grandes dificultades económicas, para el mantenimiento de los servicios públicos, garantizando su calidad y contribuyendo con su buen hacer al necesario ahorro para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria que desde el Gobierno central se impusieron a las comunidades autónomas".

De esta manera, ha explicado que con la llegada de la recuperación económica, "el Gobierno andaluz ha iniciado la recuperación de los derechos suspendidos a los empleados públicos, cumpliendo el compromiso adquirido por la presidenta de la Junta en su discurso de investidura de la presente legislatura".

Así, ha marcado como hoja de ruta de este proceso el Acuerdo de 15 de julio de 2015, para la defensa y mejora del empleo público, firmado con los sindicatos, y que avanzando en los compromisos adquiridos, el pasado 21 de junio el Consejo de Gobierno aprobó el Acuerdo de 2 de junio de la Mesa General, que concretaba el calendario para la recuperación de los restantes derechos suspendidos en 2012 "y continuar avanzando en medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral".

Ruiz ha indicado que dicho calendario prevé, entre otras medidas, la restitución de la jornada de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, para lo que el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley, ahora convalidado por el Parlamento, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta.

"Esta norma responde, por un lado, a la necesidad de una regulación de rango legal, y por otro lado, a la concurrencia de razones de extraordinaria y urgente necesidad y al hecho que permite su efectiva implantación al inicio de 2017", ha explicado antes de apuntar que su aprobación "da respuesta a las necesidades de los empleados públicos, a sus expectativas de profundizar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, al mismo tiempo que impulsa la creación de empleo en Andalucía y facilita prestación con calidad de los servicios públicos".

Ha asegurado que la Junta es competente para regular la jornada de su personal en el ejercicio de las competencias exclusivas que le atribuye el Estatuto de Autonomía, así como también ha mencionado lo dispuesto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que, con el carácter de legislación básica, "otorga a las administraciones públicas la competencia para establecerla jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos".

PP-A CRITICA LA "DEMAGOGIA" DEL PSOE-A

Para posicionar al PP-A, el diputado José Antonio Miranda, tras criticar el "ejercicio de demagogia" del PSOE-A con esta iniciativa, ha desgranado los derechos que han recuperado los empleados públicos gracias al Gobierno de Rajoy y ha considerado que también se deben recuperar las 35 horas pero "con compromiso real, no con demagogia, y en colaboración con el Gobierno de España".

Así las cosas, el diputado popular ha acusado al Ejecutivo de Susana Díaz de "utilizar a los empleados públicos para confrontar con el Gobierno de España" y ha manifestado que la Junta "ha aprobado una medida a sabiendas de que no va a tener un efecto real ninguno". Con todo, ha urgido a la Junta a restituir los derechos de los empleados públicos que son competencia de la Junta.

La parlamentaria de Podemos Begoña Gutiérrez ha considerado que el decreto "llegan tarde y mal" para solucionar los problemas de empelados públicos, toda vez que la formación morada entiende que esta iniciativa "se convierte más en una protesta, porque deberían haber propuesto esta medida antes de la sentencia del Constitucional". "Queremos que se devuelvan todos los derechos perdidos, pero aquí lo tenemos difícil", ha lamentado antes de defender que la formación morada quiere que Andalucía "sea ejemplo de lo que hay que hacer y no de lo que hay que evitar".

Julio Díaz, por parte de Ciudadanos, ha considerado que este partido se juega en Madrid y que "parece que se ciernen nubarrones" sobre el decreto que este jueves ha sido convalidado en la Cámara, lo que podría haberse arreglado, a su juicio, "dialogando antes". Ha trasladado el respeto de su formación a todas las decisiones que se toman en el marco de la negociación colectiva y ha afirmado que C's "puede estar al lado de los empleados públicos y no siempre al lado del Gobierno".

Finalmente, por IULV-CA, Inmaculada Nieto ha defendido que hay reconocer a los empleados públicos su esfuerzo en estos tiempos de crisis al tiempo que ha considerado que "el camino por recorrer está en Madrid" y que con esta iniciativa el PSOE-A trata de "lavarse la cara tras poner en el Gobierno al partido con el que dicen estar distanciados, el PP, al que no impugnan las tesis fundamentales cuyas políticas han arrasado la vida de miles de personas del país".