Parlamento pide recuperar la suscripción obligatoria del convenio de SS de cuidadores no profesionales de dependientes

Susana Díaz asegura que el PP-A "se ha retratado" al no apoyar esta cuestión

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP-A, que la Junta inste al Gobierno central a restablecer, dando para ello el impulso normativo necesario, la obligatoria suscripción, con las excepciones regladas, del convenio especial de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, así como el ingreso de su correspondiente cotización a cargo exclusivo del Estado.

Así se recoge una proposición de ley defendida este jueves por Ciudadanos. Tras la votación de la misma, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado a través de su cuenta personal de Twitter, consultada por Europa Press, que el PP-A se ha "retratado" en el Parlamento al "no apoyar que las cuidadoras de la dependencia vuelvan a cotizar para tener una pensión".

Los otros dos puntos de la iniciativa también han salido adelante con diferentes apoyos de los grupos. Así, el Parlamento emplaza a la Junta a que inste al Gobierno de España a promover un Pacto de Estado por los servicios sociales y la atención a la dependencia, consensuado con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sociales y mejorar su financiación en el ámbito del nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando los recursos suficientes y la recuperación progresivamente a lo largo de la legislatura de los recursos dedicados al Sistema Nacional de Dependencia anteriores a 2012.

Se ha aprobado también una enmienda de Podemos en virtud de la cual el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a acelerar el desarrollo reglamentario y cualquier otra actuación necesaria para que se materialicen de forma inmediata los derechos reconocidos y compromisos asumidos por la Administración andaluza con la entrada en vigor de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Cs Marta Bosquet se ha apoyado en cifras para subrayar que fueron "devastadores" los efectos del cambio que permitió que el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, tuviera, para los cuidadores no profesionales, carácter voluntario y las cotizaciones a la Seguridad Social para dicho convenio especial fueran a cargo exclusivamente del suscriptor del mismo a partir del 1 de enero de 2013.

En concreto, ha señalado que, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social --del listado de movimientos de alta y baja de cuidadores no profesionales-- se pasó de 179.829 cuidadores con cobertura a 31 de julio de 2012, a 23.933 a fecha 31 de diciembre de 2012.

Bosquet ha incidido en que la "abrupta expulsión" de esta cobertura, convirtiendo el convenio especial con la Seguridad Social de suscripción obligatoria --salvo las excepciones regladas-- en voluntaria, supuso uno de los puntos de retroceso en la aplicación de la ley de dependencia más controvertido, por lo que debe replantearse retomar dicha obligatoriedad y el abono de las cotizaciones a cargo del Estado, partiendo de un doble enfoque; de contenido "material" y "económico-social (de retorno), habida cuenta que la relación entre la persona dependiente y su cuidador es bidireccional y sustituye a otros servicios del catálogo".

Así las cosas, Cs ha pedido a los grupos que respalden su PNL porque entienden que así no solamente se reconoce la "labor" de los cuidadores no profesionales, sino que, en general, se respalda "a todas las personas que están en situación de dependencia" en el país, según ha argumentado Marta Bosquet.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha advertido al PP-A de que su presidente, Juanma Moreno, es el "responsable político de quitar la Seguridad Social a las mujeres cuidadoras" por su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales, y se ha preguntado si las mujeres cuidadoras "no tienen derecho a estar en la senda de la recuperación".

"¿Dónde está escrito que el castigo que impuso el PP en 2012 va a ser vitalicio?", ha preguntado la parlamentaria socialista, que ha incidido en que en Andalucía se ha pasado de más de 55.000 cuidadoras con cobertura en 2012 a algo más de 1.800 como consecuencia del citado cambio normativo.

En nombre del PP-A, su diputada Ana Vanessa García ha preguntado a Cs por qué traen una petición que ya se aprobó hace seis meses en el Parlamento a través de una iniciativa del PSOE-A y si es porque "no pudieron colgarse la medalla ese día".

La 'popular' ha criticado que el texto original de esta PNL no incluyera ninguna demanda a la Junta y solo al Gobierno, lo que considera fruto del "nivel de mimetismo" de Cs con el PSOE-A. "Además de copiar las iniciativas, ya sólo se dedican a pedir al Gobierno de España y no al andaluz, lo que corrobora que, en lugar de venir a cambiar las cosas, le hacen el juego a la Junta", ha señalado García, añadiendo que a Bosquet "solo le falta afiliarse al PSOE-A".

Por Podemos, Jesús Romero ha señalado que la propuesta se centra en un aspecto "importante pero muy concreto" de la situación que atraviesan estos cuidadores, pues entiende que son muchos más los problemas que padecen. Tras criticar el "decreto de la vergüenza" del 2012, ha advertido que "hay gran variedad de riesgos relacionados con la labor de cuidar que además se invisibilizan", por eso ha exigido ahondar en los derechos consagrados por la UE porque sino "será poner una tirita a un problema mucho más grave".

Por último, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha saludado la iniciativa defendida por Cs pero cree que "se queda corta" porque el "recorte" en Dependencia "afecta a muchas más cuestiones", así como ha señalado que el contenido de la misma "no es neutra" y que IU no va a permitir "un retorno de las mujeres a la esfera de los cuidados" porque eso "es volver atrás". "Con el decretazo de 2012 hubo un hachazo de dinero público a la ley de Dependencia", ha aseverado antes de recordar que IU viene criticando desde el 2009 que el desarrollo de esta norma "deja mucho que desear".