Actualizado: jueves, 16 febrero 2017 17:58

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, una proposición no de ley del PP-A, que ha sido apoyada por Ciudadanos, en defensa de la enseñanza concertada, en la que se instaba a la Junta a "no llevar a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos con demanda social en el próximo curso 2017-2018, ni en cursos sucesivos, teniendo en cuenta, en cada caso, la ratio de la zona donde esté ubicado el centro, así como las características de su entorno y del municipio".

En la iniciativa, defendida por la diputada del PP-A Marifrán Carazo, también se reclamaba a la Junta "garantizar la complementariedad y convivencia de ambas redes, centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y/o discriminación, respetando la libertad de elección de centros de las familias, como derecho fundamental" recogido en la Constitución, y que se aprobara un plan "de reversión de unidades educativas suprimidas por no reunir los requisitos de demanda social, de manera que, si en los centros sostenidos con fondos públicos las circunstancias que motivaron la eliminación de tales unidades se vieran modificadas, automáticamente pueda revertirse la situación y que dichos centros puedan volver a recuperarlas".

Otra petición consistía en "atender la demanda social como criterio general de planificación, especialmente en la oferta de formación profesional y de educación especial", y modificar "de manera urgente" el Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 4/2011, de 22 de febrero, "a fin de eliminar las disposiciones que modifican el proceso de escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos y contemplado en el anterior decreto, y que viene 'de facto' a suprimir las listas de espera en los centros con mayor demanda para las nuevas vacantes que se produzcan una vez finalizado el proceso de matriculación".

Para Carazo, "la bajada de natalidad no debe afrontarse mediante el cierre de unidades con demanda, sino que debe verse como una oportunidad para reducir la ratio en los centros concertados y en los públicos, para mejorar la calidad, así como para atender mejor a la diversidad del alumnado de ambos centros educativos".
Ha considerado necesario y el acuerdo para abordar este asunto.

El PP-A también pedía a la Junta en su iniciativa incrementar el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria, y que impulse, a través del diálogo con todos los agentes implicados, un gran pacto educativo que, al margen de debates ideológicos, afronte los problemas reales de la educación en Andalucía, en beneficio de la calidad y la excelencia de nuestra enseñanza, que nos permitan mejorar los resultados de nuestro sistema educativo".

Por su parte, la diputada del PSOE-A Adela Segura ha indicado que desde hace mucho tiempo se viene trabajando ya en el pacto educativo en Andalucía y ha señalado que el PP-A viene a pedir en su iniciativa "lo que ya está acordado" y ha defendido que el Gobierno andaluz siempre ha tratado de trasladar "paz y sosiego" a las familias frente a los que han tratado de generar otro tipo de clima.

La diputada de Podemos Libertad Benítez ha indicado que los centros concertados son "centros privados financiados con fondos públicos, en manos de la Iglesia, mientras la escuela pública está empobrecida en la periferia de las ciudades y en el medio rural" y en esos lugares la concertada no es rentable. En su opinión, eso no es libertad de elección y ha acusado al PP-A de confundir la educación como un derecho "con el negocio de la educación, a coste de los fondos públicos".

El parlamentario de Ciudadanos José Antonio Funes ha querido dejar claro que su formación apuesta por la enseñanza pública porque es la única que garantiza la equidad, pero la ley también dice que la enseñanza concertada forma parte del sistema público, algo que "nos puede gustar más o menos". "Tan alumnos son los que están en un centro público como concertado", ha señalado Funes, quien ha mostrado su preocupación por que se pretenda "hacer ruido" y provocar con el tema de la escolarización en unos u otros centros.

El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado que el Estado tenga que garantizar plazas concertadas cuando hay plazas públicas disponibles, mientras ha considerado una frivolidad que el PP-A pida un pacto educativo "sin ideologías", cuando el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado la Lomce, que sí es "ideología y droga dura". Ha acusado al PP-A de defender un modelo "segregacionista y clasista" en la educación.

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