El Parlamento rechaza que la Junta demande al Gobierno las competencias penitenciarias

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves una Proposición no de Ley del grupo Adelante Andalucía en la que se instaba a la Junta a que iniciara los pasos pertinentes ante el Gobierno central para que la comunidad autónoma asuma las competencias en materia penitenciaria.

El PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox han votado en contra, mientras que el PSOE-A se ha abstenido ante una iniciativa que pedía que el Ejecutivo autonómico, en cumplimiento del artículo 67.3 y la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía, realizara las gestiones pertinentes para llevar a cabo el traspaso de las competencias propias de la Comunidad en materia de ejecución penitenciaria, conforme al Estatuto.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora ha manifestado que "es el momento de defender y refundar nuestro autogobierno ante la amenaza cierta, e incluso inminente, de próximas reformas constitucionales que pueden acabar por vaciarlo de todo contenido y convertirlo en una mera descentralización administrativa".

En este sentido, ha recordado que si bien la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación penal y penitenciaria, "determinadas comunidades autónomas han asumido en sus respectivos estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria por lo que, en tales casos, es a la comunidad a quien le corresponde la dirección, organización, inspección y gestión de la actividad penitenciaria en las prisiones sitas en su territorio".

Ha señalado que aunque Andalucía contempla esta competencia en su Estatuto, "hasta la fecha no ha sido transferida", cuando "la competencia penitenciaria no es función exclusiva del Gobierno central sino que la ejecución de la ley estatal en materia penitenciaria y la exclusividad de la organización y el funcionamiento de los centros penitenciarios en Andalucía corresponden a las instituciones andaluzas, tal y como lo expresa el Estatuto".

Para posicionar al PSOE-A, la parlamentaria María José Sánchez Rubio ha señalado que la exposición de motivos de la iniciativa "es muy dura" pues "no se puede decir que no se ha hecho nada" en cuanto al autogobierno de la comunidad porque "no es cierto, tenemos que sentir orgullo del desarrollo competencial".

Entretanto, ha defendido que se dé cumplimiento al referido artículo del Estatuto pero que se realicen los estudios técnicos, jurídicos y presupuestarios necesarios "que garanticen la viabilidad de la transferencia de las competencias penitenciarias y que se haga dentro de una ponencia de estudio". "Hay que tener garantías para que la comunidad pueda hacer la mejor gestión posible", ha agregado.

Por el PP-A, el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, ha censurado que Adelante haga de este asunto un "debate identitario" porque "es un tema que debería ser humanitario", cuando ha señalado que la prioridad debe ser mejorar las condiciones y los derechos de los internos en los centros penitenciarios de Andalucía, "pero creo que se pretendía es otra cosa", ha avisado.

El 'popular' ha señalado que el debate "no debe ser priorizar que Andalucía tenga más que otros territorios", al tiempo que ha asegurado que su partido defiende la autonomía pero que "hay conceptos de la iniciativa que no podemos asumir". "No es bueno que las comunidades se repartan la gestión de algo tan crítico como la gestión penitenciaria sin tener en cuenta el efecto que se genera en el conjunto del país", ha zanjado.

En nombre de Cs, el diputado Javier Pareja de Vega, tras recalcar que su partido apoya "sin fisuras" la autonomía de Andalucía, ha advertido de que la iniciativa de Adelante tiene "contradicciones y mentiras" y, además, ha afeado que señale que existe "escasa voluntad de fortalecer la autonomía de Andalucía, cuando una de las fuerzas motrices de Adelante --IU-- gobernó y no hizo nada entonces".

"El desarrollo del Estatuto se hace dándole estabilidad al Gobierno, no pidiendo cosas que se podrían llevar a cabo hace 12 años y no lo han hecho", ha recalcado antes asegurar que Cs "siempre estará defendiendo las competencias que nos da el Estatuto pero siempre dentro de un marco institucional donde la unidad de acción en determinados temas que nos convierta en el país de personas libres e iguales que forman la columna vertebral de Cs".

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, ha manifestado que todas las cárceles de España deben estar gestionadas por Estado "en igualdad", apuntando que la transferencia de las competencias penitenciarias a las comunidades sólo generaría "desigualdad" entre las prisiones de los distintos territorios y una "nula homogeneización" en la ejecución de las penas por parte de los presos. "Los presos y funcionarios de presiones no pueden ser moneda de cambio, sino que la seguridad pública debe prevalecer por encima de los intereses partidos".

Ha dicho que en Cataluña, que sí tiene transferidas estas competencias, el sistema penitenciario está totalmente "politizado" y, por ejemplo, el Ministerio del Interior se "desentiende" de los presos por el referéndum independentista del 1 de octubre porque la cárceles en las que están dependen de la Generalitat catalana. Ha manifestado que lo que está ocurriendo en las cárceles catalanas, que tienen la tasa más baja de reclusos pese a la "violencia" que se está produciendo en esa comunidad, no ocurre en otras prisiones de España.